La Comisión de Finanzas del Parlamento aprobó el jueves último una ley para aplicar en el país, el impopular paquete de medidas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional Autor: Internet Publicado: 21/06/2021 | 09:16 pm
Los paros, convocados por los sindicatos de los sectores privado y público, afectaron a la transportación aérea, urbana y marítima, y a los demás servicios públicos, según las autoridades griegas.
La policía arremetió contra los manifestantes, quienes enfrentaron los embates de los uniformados.
La Comisión de Finanzas del Parlamento aprobó el jueves último una ley para aplicar en el país, de manera inmediata, el impopular paquete de medidas económicas exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea (UE) para que la nación reciba ayuda monetaria y evite la bancarrota.
Poco antes de obtener el visto bueno del Parlamento, esta ley marco contaba con el apoyo de 155 de los 300 asambleístas que posee el Consejo de los Helenos; la mayoría de este respaldo provenía del movimiento Socialista Pan Helénico (Pasok), el partido gobernante.
"De la aprobación de las medidas y del proyecto de ley depende que la UE y el FMI entreguen a Grecia el quinto tramo de 12 000 millones de euros del rescate externo", expresó momentos antes el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos.
Esta resolución del Parlamento se realizó en medio de fuertes protestas por parte de la ciudadanía griega que se opone férreamente al paquete de medidas financieras.
Los sindicatos anunciaron que continuarán sus acciones para solicitar que se anule el paquete económico, el cual incluye la reducción de puestos de trabajo y la congelación de salarios, entre otras disposiciones.
Mientras, los presidentes de la UE, Hermann Van Rompuy, y de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, manifestaron que Grecia cumplió con las condiciones necesarias para que se le otorgue el crédito que solicitó para evitar la quiebra del país heleno.
Este paquete prevé un ahorro de 28 400 millones de euros (41 208 millones de dólares), de los cuales 6 400 millones (9 286 millones de dólares) son suplementarios este año.
También estipula la disminución del número de funcionarios y los salarios, la fusión o supresión de organismos estatales, el saneamiento de las empresas estatales y semiestatales, y la contracción de los gastos del Estado y y de la Defensa.
Esto significa que en los próximos cuatro años se cancelarán 150 000 cargos de empleados públicos, con una cifra de parados, que supera actualmente las 800 000 personas, y una tasa de desempleo de 15,6 %. Igualmente, se implementarán recortes en los ingresos de los funcionarios públicos y en las pensiones, así como aumentos de los impuestos.
En 2011, el Gobierno griego pretende recaudar unos 5 000 millones con la venta del monopolio de apuestas y loterías OPAP, del Postbank, la empresa de gestión de aguas de Salónica -la segunda ciudad del país-, y las empresas de gestión portuarias del Pireo y Salónica.
Entre 2012 y 2015 se pretenden recaudar otros 45 000 millones con la privatización completa o parcial de la entidades de gestión del agua de Atenas, refinerías, empresas eléctricas, el ATEbank -especializado en el sector agrícola-, así como de la gestión de puertos, aeropuertos, autopistas, derechos de explotación de minas, de la propiedad inmobiliaria y terrenos estatales.
Gran Bretaña también en crisis
Cientos de miles de empleados del sector público británico, que incluye a docentes, funcionarios aduaneros y de la justicia participaron en una huelga para rechazar el polémico proyecto de reforma del sistema de pensiones del Ejecutivo, que consideran "abusivo e injusto". Alrededor de 40 % de los colegios estatales de Inglaterra y Gales cerraron sus puertas de modo total o parcial en apoyo del paro.
La huelga, convocada por el Sindicato Nacional de Profesores (NUT), la Asociación de Profesores y Académicos (ATL), el sindicato de Universidad y Facultades y el Sindicato de Servicios Públicos (PCS), fue la mayor organizada por los funcionarios desde que hace un año se formó el Gobierno de conservadores y liberaldemócratas.
El primer ministro, David Cameron, pretende elevar la edad de jubilación de los funcionarios más allá de los 60 años, alegando que el sistema actual de pensiones es insostenible con el aumento de la expectativa de vida de la población y ante la difícil coyuntura económica.
El Gobierno planea también aumentar las cotizaciones individuales y reducir la cantidad que se cobrará en el retiro, que pasará a calcularse con una media del salario percibido en toda la vida laboral, en lugar de la última remuneración como hasta ahora.
En Londres, unas 20 000 personas se manifestaron por las calles del centro con una marcha que pasó cerca de Downing Street y por la sede del Parlamento. Con pancartas que portaban eslóganes contundentes -"Coalición de resistencia", "No a los recortes" o "Salven nuestras pensiones"-, profesores, empleados de juzgados, puertos, aeropuertos y oficinas de Hacienda exigieron "compromiso" al Gobierno. (SE)
