Una y otra vez se resumía el concepto de vivienda social en apenas dos vocablos: digna y adecuada, durante la celebración de las jornadas internacionales que desarrollan España y Cuba para concretar acuerdos de colaboración e intercambio mutuo sobre los nuevos requerimientos tipológicos, diseños, tecnologías y materiales para la edificación, como aporte al necesario fortalecimiento técnico constructivo de ambos países.
Valiosos resultados prácticos tienen esos encuentros que el Ministerio de la Construcción de Cuba (MICONS) y el Colegio de Arquitectos de Cataluña, entre otras instituciones hispanas involucradas, realizan como parte de un acuerdo marco de cooperación para el desarrollo de fórmulas de intercambio y asesoría en programas, proyectos, transferencia de conocimientos, experiencias innovadoras, diseño de políticas públicas y de gestión en la rama de la edificación y la arquitectura.
Es precisamente la formulación de estrategias públicas en materia habitacional un preocupante reto para los Estados, ya que su análisis incluye lo económico, social, legal, técnico-administrativo y hasta medioambiental, entre otros elementos que garanticen un desarrollo constructivo sostenible.
Hoy la humanidad se enfrenta al asunto de la vivienda como uno de los problemas más perentorios y acuciantes de su existencia, lo cual se refleja en la implementación de programas a nivel global como las campañas internacionales lanzadas por Naciones Unidas con Habitat, mejorando la gestión de nuestras ciudades, en las que la preocupación va más allá de las técnicas y materiales a emplear para la construcción de nuevas viviendas, la infraestructura, urbanizaciones, al incluir además la conservación y rehabilitación del fondo existente, así como la recuperación de los valores culturales y arquitectónicos patrimoniales.
Estas jornadas no solo pretenden garantizar resultados prácticos en la actividad constructiva y promover el desarrollo de una larga y fructífera colaboración.
Sirven también para intercambiar experiencias y abundar en estudios como el realizado por el especialista Salvador Gomila González, sobre las características y evolución de la vivienda social en Cuba, en el que se reconoce que este problema en la mayor de las Antillas es de una naturaleza diferente.
Según señaló, el asunto habitacional en el país ha transitado por caminos propios y, por ejemplo los programas diseñados y ejecutados, con sus limitaciones, insuficiencias, logros y desaciertos, han tenido una trayectoria consecuente con el principio de que la vivienda es un bien social y el Estado trabaja para asegurar el derecho de cada ciudadano a una existencia digna.
La vivienda social usualmente se interpreta como aquella cuya finalidad es cubrir la necesidad primaria de alojamiento de las familias, pero en la realidad ese término se relaciona con el balance de la situación habitacional, la economía, la política social y las relaciones de producción y mercantiles en las diferentes naciones.
Más recientemente, con el proceso de globalización, se han empleado generalmente los conceptos de la vivienda social, surgidos de otro contexto, para fundamentar políticas sociales en el campo habitacional, con el uso del término para aquellas viviendas destinadas a las capas más desposeídas de la población, que sin posibilidades de acceso al mercado de la vivienda, requieren de ayudas o mecanismos de subvención o créditos para resolver sus necesidades de alojamiento.
Se estima, de acuerdo con la investigación de Gomila, que la carencia de viviendas adecuadas perjudica a más de un tercio de la población latinoamericana y caribeña, y que más de 130 millones de personas viven en condiciones precarias en villas de miseria o barrios de tugurios, sin que se aprecie una tendencia a la mejora o la reversión de esta situación en el corto o mediano plazo.
En el caso de Cuba, una de las primeras leyes dictadas por el Gobierno Revolucionario fue la suspensión de los desalojos o desahucios de las viviendas por impago de sus ocupantes, a lo cual siguió casi de inmediato, una nueva Ley que rebajó los alquileres hasta un 50 %, en virtud de lo cual se benefició mas de un 60 % de las familias cubanas.
Esa primera etapa reivindicativa culminó con la promulgación el 14 de octubre de 1960 de la Ley de Reforma Urbana, que dispuso la entrega en propiedad de las viviendas arrendadas a sus legítimos ocupantes, con indemnización a sus antiguos dueños, y estableció que en lo sucesivo el Estado construiría edificaciones con destino social, y las entregaría a la población en usufructo por un pago mensual no superior al 10 % del ingreso familiar.
La Ley de Reforma Urbana transformó la naturaleza mercantil de la vivienda, y afirmó su nuevo concepto social, que ha sido y continúa siendo el principio rector de la política de viviendas en Cuba.
Ya con la Ley General de la Vivienda de 1984, y su Ley modificativa de 1988, se transfirió la propiedad de las viviendas estatales a sus usufructuarios y ocupantes legítimos, con lo que se elevó la cifra de familias propietarias a 2,8 millones, el 86% del total del país.
Estas leyes afirmaron el derecho a la vivienda en su verdadera esencia, como el derecho del propietario y su familia al disfrute de la misma, sin que en ningún caso pueda ese derecho personal convertirse en mecanismo de enriquecimiento o explotación.
Especificó algunos de los elementos más representativos de la política y la práctica cubana en materia de vivienda que afirman su carácter social, entre estos, los precios de la vivienda, tanto para el arrendamiento como para la transferencia de la propiedad de las mismas, construidas por la vía estatal, con subsidios que ascienden hasta un 87 % de su precio, considerando los precios de costo promedios en el área geográfica, lo que asegura el nivel de acceso económico a la vivienda por las familias beneficiarias.
Además, se ofertan créditos bancarios para el pago de esos precios subsidiados de la vivienda, con intereses de 2-3 % decreciente anual, amortizables en 15 ó 20 años, sin necesidad de pagos iniciales, y si las mensualidades resultaran aún elevadas, se ajustan al 10% del ingreso de la familia y se extienden los plazos de la amortización. Iguales niveles de subsidios tienen los materiales y productos que asigna el Estado para la construcción, reparación y rehabilitación de viviendas por esfuerzo propio de sus propietarios o titulares, y por las acciones constructivas de conservación y rehabilitación de viviendas y edificios por empresas constructoras estatales destinadas a esos fines.
Se ofrecen créditos bancarios para la compra de los materiales de construcción con intereses del 9 % y para las acciones de conservación y rehabilitación por la vía estatal con intereses del 3 % anual.
Dio a conocer que el 86 % de las familias que son actualmente propietarias de sus viviendas, no pagan impuestos por esa condición y las mensualidades a pagar por concepto de arrendamiento o amortización por las familias que no son propietarias, no exceden usualmente del 10 % del ingreso familiar.
Otra peculiaridad cubana es que a las personas perjudicadas por fenómenos naturales, se les asignan estatalmente los materiales y productos necesarios para la reparación o reconstrucción de las viviendas dañadas, a precios subvencionados, y se les libera de las obligaciones laborales mientras duren esas acciones constructivas, manteniéndose su vinculación con el centro de trabajo y el cobro de sus salarios mensuales.
En cuanto al fondo habitacional, a pesar de las limitaciones, las agresiones de todo tipo y la coyuntura económica adversa por el bloqueo impuesto al país, se ha mantenido una evolución positiva, tanto en cantidad como en calidad.
En las últimas cuatro décadas se construyeron más de 2 millones y medio de viviendas, el 74 % del fondo actual del país. La población se incrementó en un 60 %, mientras que el fondo de viviendas creció en más de un 80 %. Las viviendas en mal estado disminuyeron de un 47 % a un 9,1 % en las zonas urbanas y de un 75 % a un 31 % en las rurales.
RENACE UN PROGRAMA DE VIVIENDAS
En los primeros años de la década de 1990 la ejecución de viviendas tuvo una abrupta caída como consecuencia de la entrada del país en los difíciles años del período especial, provocado por los cambios en el contexto internacional, la pérdida de los mercados y la agudización del bloqueo económico, comercial y financiero por parte de los Estados Unidos de Norteamérica.
No obstante esa coyuntura adversa, el carácter social de la producción habitacional permitió implementar nuevos modelos constructivos con técnicas blandas, potenciar las producciones locales de materiales con bajos componentes energéticos y maximizar la participación de la población, lo que posibilitó ya a partir de 1995 alcanzar y superar los niveles de producción de nuevas viviendas y de rehabilitación anteriores a la crisis.
Aclaró el experto que a partir de los inicios de la presente década, el país ha tenido que enfrentar una secuencia de desastres provocados en las viviendas por los huracanes y otros fenómenos naturales. Ilustró con los últimos cuatro años, cuando el archipiélago sufrió el embate de seis huracanes de gran intensidad que además de las pérdidas en las producciones agrícolas, industriales, redes de infraestructura y servicios sociales, han afectado 580 000 viviendas y de ellas más de 74 000 fueron destruidas totalmente.
Ello ha obligado a destinar los recursos disponibles para los planes de la vivienda a la recuperación de esos perjuicios, consecuentemente con el principio de que nadie ha de quedar abandonado a su suerte y sin asistencia estatal en esas situaciones. Hasta la fecha, del total de afectaciones señalado, se han resuelto 390 000, el 67 %, de ellas 26 000 totalmente nuevas y se trabaja aceleradamente en la recuperación de las pendientes.
Esas son, entre otras, las dificultades principales que ha tenido que enfrentar y enfrenta aún el país en la esfera de la vivienda. Pero la principal limitante ha sido la insuficiencia de recursos económicos y financieros y la necesidad que ha tenido el país de destinar con prioridad los disponibles a otras importantes obras de beneficio social.
Sostuvo Gomila que ningún otro país en América Latina y el Caribe ha hecho más que Cuba por resolver su déficit habitacional, pero aún existe un considerable número de familias que demandan nuevas viviendas y de personas que viven en viviendas y edificios en mal estado que requieren ser reparados o rehabilitados.
Actualmente, debido al proceso de la recuperación económica y el mejoramiento de las posibilidades financieras del país, se han abierto nuevas posibilidades para acometer un fuerte programa de construcción y rehabilitación de viviendas.
Recientemente, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un programa que comprende la construcción de 150 000 viviendas y 390 000 acciones de conservación y rehabilitación desde septiembre hasta diciembre del año próximo, lo que representa incrementos sustanciales que duplicarán los niveles máximos históricos alcanzados en la construcción de nuevos alojamientos y en las acciones constructivas de conservación y rehabilitación del fondo edificado.
Ya se llevan a cabo aceleradamente las necesarias inversiones para la ampliación de la producción de materiales de construcción y para su transportación por carretera, por transporte marítimo y por ferrocarril.
Dicho programa tiene como principio básico que los protagonistas son los propios beneficiarios y los constructores principales son las mismas personas necesitadas con el apoyo de su familia, los centros laborales, la comunidad y la asistencia del Estado en el suministro de la tierra, los materiales y productos con un nivel de subvención, la asesoría técnica y la ejecución de las infraestructuras y las urbanizaciones.
“Ahora más que nunca se refuerza el carácter ampliamente social del programa de la vivienda, ya que este no solo será de la responsabilidad de la familia necesitada y el Estado, sino también de las comunidades locales y de toda la sociedad”, argumentó el experto.
