Autor: Internet Publicado: 21/06/2021 | 09:45 pm
Las leyes neoliberales impuestas en América Latina por Estados Unidos y organismos financieros internacionales como fundamento principal del capitalismo, han llevado a la región a enfrentar grandes escollos económicos y sociales para su subsistencia.
El objetivo de ese sistema como parte del mencionado sistema globalizado es impulsar la liberación del comercio en general, eliminar la injerencia del Estado en la economía y reducir al máximo el gasto público con el consecuente empobrecimiento de millones de habitantes y en contraposición, el enriquecimiento de pequeñas minorías.
Son varios ejemplos los que sobresalen en esta oleada de derechización regional auspiciada desde Washington y que han llegado al poder por diferentes vías como golpes de Estado, destituciones a parlamentarios o elecciones fraudulentas.
Empecemos por Honduras donde, tras el golpe al presidente Manuel Zelaya, se eliminaron el ciento por ciento de las leyes acordadas en ese corto período para beneficio del pueblo lo que trajo como consecuencias la congelación de la Ley del Salario Mínimo, pérdida de
300 000 empleos, fragmentación de las jornadas laborales, derogación de los acuerdos con el ALBA, restitución de privilegios a las compañías transnacionales e impulso de las privatizaciones.
En la actualidad, según el diario La Prensa, casi seis millones (71 %) de los 8,5 millones de habitantes del país son pobres; de esa cifra, 4,2 millones están en situación de extrema pobreza que tratan de sobrevivir con solo un dólar al día, mientras solo 15 familias controlan 80 % de las riquezas nacionales.
Guatemala ha sido considerado como uno de los Estados fallidos arrasados por Occidente donde se unen corrupción, pandillas, pobreza, desigualdad, desnutrición y mortalidad infantil.
Economistas aseguran que el país se aproxima a la catástrofe humanitaria y las áreas rurales son las más afectadas de donde procede la mayoría de los emigrantes. Los recursos son escasos; la presencia del Estado, inexistente; el crimen organizado, poderoso; y la presión de los grupos de poder para implementar proyectos mineros e hidroeléctricos, casi insostenible.
Un informe de Desarrollo Humano elaborado por la ONU asevera que más de tres millones de guatemaltecos viven en pobreza extrema y casi 12 millones de personas, 67 % de la población, “sufren carencias que vulneran su bienestar”.
Paraguay está considerado como uno de los países más desiguales de Suramérica, donde la pobreza golpea a 30 % de la población que ha sufrido en los últimos años grandes inundaciones y dejado desamparados a miles de habitantes. Para la Organización No Gubernamental (ONG) Oxfam esta es la cara más cruel de la desigualdad en un país donde los más pobres ganan hasta 22 veces menos que los más ricos. Asimismo, con la progresiva mecanización de la agricultura, ligada a la producción extensiva de la soja, se produjo un éxodo masivo desde el campo y los emigrantes que huyeron del
hambre se instalaron en áreas de riesgo, como el lecho del río Paraguay en los barrios de Asunción, vulnerables a las riadas.
En cuanto a Ecuador, en solo dos años el Gobierno de Lenin Moreno ha llevado al Estado a la década de 1990 al desmontar importantes avances democráticos de la Constitución Política de 2008.
Durante los gobiernos de Rafael Correa, el país redujo la pobreza y los programas sociales beneficiaron a los habitantes pero ahora, con los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Moreno redujo el gasto público de 3 461 millones de dólares a 773 millones con graves perjuicios para las mayorías.
Pero los más recientes casos más desafortunados han sido los de Argentina y Brasil. En este último, tras el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff y las arbitrariedades jurídicas para detener a Luíz Inacio Lula da Silva para que no se pudiera presentar a elecciones, los regímenes de Michel Temer y de Jair Bolsonaro han desmontado todos los programas sociales y privatizado numerosas empresas públicas.
Entre los más afectados aparece el Sistema Único de Salud (SUS) instaurado por los gobiernos de Lula y Dilma que atendía a 65 % de la población y que Temer y Bolsonaro lo redujeron drásticamente con la excusa de que “no hay suficiente capacidad financiera que permita suplir todas las garantías constitucionales”. A la par, ambos gobiernos atentaron contra la Amazonia al autorizar a terratenientes y empresas transnacionales a deforestar esa reserva de la biosfera mundial.
Mientras en Argentina, la llegada al poder de Mauricio Macri y su política neoliberal llevaron a la nación a un endeudamiento abismal, acuerdos leoninos con el FMI y profunda devaluación de la moneda que pasó de 2014 a la fecha de 16 a 61 pesos por dólar.
Según la Universidad Católica Argentina (UCA) la “pobreza multidimensional” que abarca carencias económicas, de diversos derechos y servicios básicos, subió a 41,2 % de los habitantes.
En cuatro años de gobierno se duplicaron los precios del transporte público automotor y en 70 % los del metro urbano; el costo de la electricidad subió en 500 %; el agua y gas en más de
320 %; la atención médica y de las medicinas en 50 %, y la gasolina, 30 %.
La Argentina actual es una nación fallida, dirigida no por Macri, sino por el FMI.
Después de estos ejemplos podríamos preguntarnos: ¿Permitirán nuestros pueblos continuar siendo saqueados por el sistema neoliberal capitalista? El tiempo dará la respuesta.
