Hay países que durante décadas se han hecho famosos por tener en sus territorios paraísos y Centros Financieros Extraterritoriales (CFE), como Suiza, pero estos entes financieros proliferaron y hoy se encuentran en numerosos países.

Se estima que alrededor del valor equivalente a un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) mundial está depositado en esos bancos extraterritoriales y que gran parte del capital móvil hace uso de los paraísos fiscales.

Debido al hermetismo de estas entidades, resulta imposible realizar un estimado del dinero envuelto en esas transacciones. Recientes cálculos ubican la cantidad en siete trillones de dólares, y la mayor parte, cerca de cuatro trillones, son de “ahorros” de personas de muy altos ingresos depositados en el exterior.

En décadas anteriores, Suiza era el imperio internacional a donde iban a parar los capitales de un sinnúmero de compañías o individuos que deseaban mantener en el más absoluto secreto la procedencia de su dinero.

Cuando se habla de paraísos fiscales, algunos imaginan que estos están colocados en islas aisladas y paradisíacas, pero esta percepción dista mucho de semejarse a la realidad, pues aparecen y se instalan donde menos se les imagina.

Desde hace cinco años, varios países desarrollados (que en definitiva son los menos perjudicados) han tratado de controlar las operaciones que realizan esas prolíferas instituciones, pero hasta el momento ese control no ha resultado.

En ese sentido, el Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea ha celebrado reuniones informales con funcionarios suizos y de otras naciones europeas en busca de una colaboración para eliminar el secreto bancario y la instalación de un mecanismo de intercambio de información sobre los intereses de ahorro.

Como era de esperar, las conversaciones están trabadas porque en primer lugar Suiza no forma parte de los 15 miembros de la UE y se ha resguardado, para no cumplir con ninguna posible medida, en su propagandizada política del secreto bancario.

En esta misma línea se encuentran otros países miembros o no de la Unión Europea como Islas Caimán y Gibraltar, dependientes del Reino Unido, y otros como Estados Unidos, Liechtenstein, Mónaco, Andorra y San Marino.

Suiza y Gibraltar aparecen en la lista como dos de los paraísos fiscales tradicionales más importantes con los cuales la UE desea negociar para impulsar la lucha contra el fraude fiscal. En Gibraltar se hallan registradas casi 29 000 compañías y sociedades activas según un reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En esta colonia inglesa se crean anualmente 3 000 nuevas sociedades con una permanencia promedio de cinco años. Más de 8 500 empresas se encuentran exentas de impuestos y solo los depósitos en los bancos que se dedican a los negocios fuera de fronteras se calculan en 2 000 millones de libras esterlinas.

Como se ha estado presionando e instrumentando medidas de cierto control internacional, tanto compañías como individuos buscan fuera de fronteras lugares donde tengan mayores condiciones fiscales y que aún no estén tan señalados.

Así aparecen sitios como el estado norteamericano de Delaware, que según se afirma es uno de los menos regulados en Estados Unidos y donde muchos ingresos no pagan impuestos.

En este accionar florecen otros paraísos como la Isla de Man, perteneciente al Reino Unido, Hong Kong, Dubai en los Emiratos Arabes Unidos, las Islas Cook, la pequeña Labuan en el sur del Pacífico o Bahrein, que se benefició con la llegada de capitales árabes repatriados después del 11 de septiembre de 2001.

Varios estudios de organismos de las Naciones Unidas y otros independientes, aseguran que las pérdidas económicas de los países en desarrollo relacionadas con esas actividades extraterritoriales se calculan en 50 000 millones de dólares anuales, lo que equivale a seis veces el costo total para sufragar la educación primaria universal o a casi tres veces el gasto para la atención sanitaria mundial.

Al encontrar sitios donde puedan depositar las ganancias y evitar o reducir los pagos de impuestos, las transnacionales y las personas ricas los envían hacia esos lugares por diferentes vías, incluyendo hasta la Internet. Al mismo tiempo, esas facilidades impiden a gobiernos de muchas naciones pobres recaudar impuestos sobre sociedades o profesionales, que se les escapan.

Los paraísos fiscales y los CFE cuentan con secretos bancarios que prohíben ofrecer información sobre el cliente para que cumpla con el pago de impuestos en otro país, además de otras leyes civiles y penales.

Tienen igualmente obligaciones de confidencialidad profesional y comercial que impiden a abogados contables o a los empleados ofrecer cualquier información confidencial del usuario aunque infrinja la ley de otros estados.

Permiten la legalización de compañías y consorcios con pocos requerimientos de identificación y autorizan emitir acciones al portador sin descubrir al titular real.

Asimismo, ofrecen un régimen tributario bajo o nulo para los no residentes en el país o para compañías que negocian fuera de su jurisdicción.

Por esas condiciones, los paraísos fiscales y los CFE otorgan una fácil vía de escape para las obligaciones tributarias para compañías y personas adineradas, independientemente de la procedencia del capital.

Ese mundo extraterritorial es un edén seguro para que numerosas prácticas ilícitas como la corrupción política, el trafico de armas y drogas, y la limpieza de dinero proliferen sin control, lo que incrementa la expansión del crimen y el saqueo de fondos públicos a nivel mundial.

Miles de millones de dólares de gobiernos corruptos como el de Mobutu Sese Seko, de Zaire; el de Abacha, en Nigeria y el de Ferdinando Marcos, en Filipinas, fueron a parar a esos paraísos con la cómplice aceptación de esos bancos, mientras sus pueblos se hundían en la crisis, el hambre y las necesidades.

Pero no solo las naciones en vías de desarrollo sufren las consecuencias sino también las más adelantadas como Estados Unidos e Italia, pues una gran cantidad del dinero robado en los fraudes fiscales que han pululado en los consorcios internacionales como Enron, WorldCom, Tyco International o Parmalat, por citar algunos, fueron a parar a esos bancos.

En la actualidad ningún país está exento de que algún corrupto funcionario saquee sus arcas y las envíe a una cuenta propia establecida con anterioridad en un paraíso fiscal. Por eso es de suma importancia establecer un eficiente y constante control sobre esas instituciones.