El PIB es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional durante un período determinado que generalmente es un trimestre, semestre o un año.

Su crecimiento es un objetivo fundamental para que los gobiernos puedan resolver los múltiples gastos que se acarrean en los países y a la par tratar de solventar las necesidades de los habitantes, pero esa no es la realidad en muchas naciones desarrolladas o subdesarrolladas.

Son muchos los factores que impiden dedicar parte del PIB a resolver los apremiantes problemas que presentan millones de personas en el mundo, quienes se encuentran en la más absoluta desesperación sin que sus gobiernos les presten la ayuda necesaria.

Ejemplos sobran y se puede señalar en primer lugar a Estados Unidos, que con la economía más poderosa del orbe, y con un PIB de 13 228 300 millones de dólares anuales, en ese país hay más de 36 millones de pobres y 45 millones no cuentan siquiera con un seguro social que les permitan tener acceso a la atención médica.

Perú, que en los últimos tres años ha mantenido un crecimiento del PIB entre 4 y 6%, cuenta con la mitad de sus 28 millones de habitantes en la miseria, alto índice de analfabetismo y alto desempleo.

En México, país que en 1994 firmó un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN) y que como promedio anual en ese tiempo ha experimentado un PIB de 2,5%, la miseria se ha incrementado.

Si antes del TLCAN los pobres se cifraban en 39% , ahora alcanzan la abultada cifra de 70 millones de sus 103 millones de habitantes, mientras en el campo ocho de cada diez padecen hambre.

Datos del diario La Prensa, de Nueva York, aseguran que en México de los 42 millones que trabajan, solo el 30% cobra lo que cuesta la canasta familiar, más del 60% no tiene protección social y uno de cada diez tiene acceso a la jubilación.

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) señaló que el PIB y las exportaciones de los 50 Países Menos Avanzados (PMA) se han incrementado en los últimos años pero también la pobreza y añadió que “es una ilusión pensar que la pobreza masiva de la mayoría de los PMA puede reducirse mediante la integración global y la expansión comercial.

En su análisis, la UNCTAD plantea que “hacer que el comercio ayude a la reducción de la pobreza en los PMA requiere desarrollo nacional con integración regional, no integración mundial sin desarrollo nacional”.

Mientras esto sucede y miles de millones de habitantes del mundo se encajan más en sus estómagos los cinturones de la miseria, la liberación comercial y la globalización capitalista descontrolada promueve la proliferación de los sectores millonarios.

Un documento de Merryll Lynch puntualiza que el número de ricos en el planeta se elevó a 8,7 millones de personas (se ha duplicado en los últimos diez años) a la par que 2 800 millones de ciudadanos sobreviven con menos de dos dólares al día.

En América Latina 350 000 millonarios controlan una riqueza de 4,2 millones de millones de dólares, lo que contrasta con los 230 millones de pobres y 100 millones de indigentes registrados en la región.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informó recientemente que el 60 % de los niños latinoamericanos son pobres y se les puede encontrar por cantidades mendigando u ofertando golosinas en los semáforos o en las puertas de los restaurantes de Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá, Managua, San Salvador y muchas otras.

Con las políticas neoliberales, la corrupción ha corroído a numerosos gobiernos de la región, cuyos presidentes y ministros se han enriquecido por medio del robo al erario público o la entrega de facilidades a compañías extranjeras para adquirir terrenos y fábricas, siempre y cuando otorguen abundantes regalías.

Otra cuestión que atenta contra la mejor utilización del PIB es la abultada deuda externa que tiene la mayoría de los países del área a las que los gobiernos deben dedicar anualmente entre un cuarto y un tercio de su Producto Interno Bruto.

Por eso, resultan sumamente importantes las concepciones sobre políticas sociales que esgrimen varios países de la región como Cuba, Venezuela, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y Ecuador, entre otros, y el fortalecimiento de la integración regional en organismos como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Para que exista una justa participación de los ciudadanos en la repartición del PIB, los gobiernos no solo deben velar por un desarrollo económico sostenido, sino también por encauzar políticas sociales que permitan a sus habitantes contar con derechos humanos inalienables como el acceso a la salud, la educación, al empleo, al agua y la vivienda.