Prevenir y enfrentar la corrupción de forma integral y desde todos los ámbitos posibles es la esencia de la estrategia que desarrolla Cuba, como muestra de la voluntad política por elevar la participación ciudadana ante el uso incorrecto de los recursos materiales y financieros públicos, en detrimento de la economía y la sociedad en general.
Al intervenir en el V Encuentro Internacional sobre la Sociedad y sus Retos frente a la Corrupción, que sesionó la semana última en el Palacio de Convenciones de La Habana, el fiscal general de la República de Cuba, Darío Delgado Cura, precisó que en el mundo hay una tendencia creciente a tomar conciencia de que la lucha contra las prácticas corruptas es vital para lograr un gobierno más eficaz, justo y eficiente.
Afirmó que reflexionar sobre ese flagelo no es solo un ejercicio académico, sino también una importante e inaplazable responsabilidad, a partir de las probadas consecuencias que genera en los órdenes moral, ético, económico, social y de compromiso político, unido a la falta de control, permisibilidad y violaciones de lo legalmente establecido, además de considerar que se produce en cualquier sociedad.
"El fenómeno de la corrupción -dijo- es multicausal y requiere un enfrentamiento organizado, donde participemos todos: fiscales, jueces, auditores, asesores, consultores jurídicos, abogados, notarios y una política preventiva y penal coherente para dar respuesta a las variables y crecientes manifestaciones que se generan en los tiempos actuales."
Indicó que los instrumentos jurídicos internacionales han contribuido a crear una conciencia mundial al respecto; entre estos se encuentra la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la cual constituye un valioso documento para luchar e instrumentar estrategias eficientes en esta batalla.
Al referirse a la Mayor de las Antillas, señaló que la corrupción que se enfrenta es administrativa y se encuentra identificada en determinados niveles de variados sectores, fundamentalmente, el empresarial.
"De acuerdo con los principios de nuestro ordenamiento jurídico está definida la política del Estado y del Gobierno para prevenir y enfrentar los hechos de corrupción sobre la base del imperio de la Ley y la transparencia en el ejercicio de las funciones públicas y la participación ciudadana", explicó.
Citó entre las acciones, el incremento de la participación popular en lo relacionado con sus derechos a poner en conocimiento de los órganos competentes los actos de presunta corrupción administrativa u otras ilegalidades y el fortalecimiento del papel del control como mecanismo de vital importancia en la prevención y enfrentamiento a ese delito.
Apuntó el Fiscal que el Estado cubano para prevenir y enfrentar la corrupción mantiene definida con la severidad requerida, la política penal a seguir ante la ocurrencia de hechos de esta naturaleza y, en el orden administrativo, se ha incrementado el rigor en la aplicación de medidas disciplinarias a quienes de diferentes maneras inciden en tales hechos y de acuerdo con la gravedad de estos.
"Entre las medidas adoptadas para establecer y fomentar prácticas eficaces encaminadas a prevenir la corrupción, la Fiscalía ejerce el control de la legalidad, el ejercicio de la acción penal en representación del Estado, la lucha contra el abuso de poder, la corrupción y el enriquecimiento indebido y contribuye en la prevención del delito y las conductas antisociales."
Contribuyen de manera integradora a las estrategias preventivas trazadas, la ejecución de verificaciones fiscales en los organismos del Estado y las entidades económicas y sociales, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las leyes o normativas vigentes, así como el control, uso y destino de los recursos asignados por el Estado, con implementación de indicaciones relativas a la debida información a los trabajadores de sus resultados y responsables.
Entre los retos a los que hoy se enfrenta la sociedad, Delgado Cura mencionó, a modo de ejemplo, la protección del capital nacional en una empresa mixta u otra forma de asociación, la responsabilidad penal de la persona jurídica, el lavado de dinero, las retenciones de cuentas en capitales mixtos derivados de procesos penales, el delito de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, la confiscación de bienes y recuperación de activos, la jurisdicción económica como forma de solucionar conflictos, el efecto de sus decisiones, su cumplimiento, así como las cuentas por cobrar y pagar y su incidencia en la credibilidad del Estado.
Gladys Bejerano Portela, contralora general de la República, puntualizó que el país está inmerso en un proceso de fortalecimiento de la institucionalidad, que busca ordenar, racionalizar y desburocratizar cada una de las funciones que deben cumplir los órganos e instituciones del Estado, a tono con la actualización del modelo económico cubano.
Al destacar que la lucha contra la corrupción forma parte de la defensa de la soberanía e independencia nacional, precisó que se está ante una tarea muy compleja, e instó a recuperar y fortalecer valores, y asumir la institucionalización del país sin improvisaciones ni apresuramientos, pero con la urgencia de rectificar y buscar vías para defender y salvar el socialismo.
Señaló la también Vicepresidenta del Consejo de Estado que la corrupción destruye valores éticos, debilita la moral, mina por dentro a colectivos e instituciones, desvía recursos, desvirtúa los esfuerzos y programas de desarrollo, desorganiza, desanima y afecta los planes de desarrollo.
Bejerano puntualizó que la prevención es la principal arma para preservar los recursos del país y lograr una dirección económica y administrativa eficiente, por lo que llamó al enfrentamiento resuelto y enérgico, sin excesos ni claudicaciones, contra el delito, las indisciplinas y cualquier manifestación de ilegalidad.
Citó algunas causas que propician ilegalidades y en las que el rescate de valores debe ser más fuerte, entre estas la existencia de conceptos errados en directivos y funcionarios, la incomprensión sobre la importancia de implementar un sistema óptimo de control interno integrado a la gestión empresarial, además de la inestabilidad y falta de personal en las áreas contables y de control, las indisciplinas y la actitud tolerante.
Hoy se fortalece el papel del control como mecanismo de vital importancia en la prevención y enfrentamiento a la corrupción, con el perfeccionamiento continuo del Sistema de Control Interno, que tiene como expresión más reciente la creación de la Contraloría General de la República como órgano superior.
A esta convocatoria a fortalecer estrategias de prevención y enfrentamiento a la corrupción acudieron más de 300 representantes de unos 20 países de América, África y Europa.
Auspiciada por la Fiscalía General de la República de Cuba, la cita contó con la asistencia de fiscales, abogados, jueces, contralores, criminalistas, procuradores, economistas, auditores, contadores públicos, académicos, sociólogos, investigadores y otros estudiosos de estas temáticas.
Entre los asuntos examinados sobresalen el Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la corrupción; Política económica, desarrollo institucional y administración como elementos esenciales para enfrentar ese mal y el Control gubernamental de la función pública como mecanismo para prevenir y erradicar la corrupción administrativa.
Eficacia del modelo cubano
Antonio Mazzitelli, representante para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (ONUDC), destacó la contribución cubana a los países de la región por sus múltiples conocimientos en la prevención y enfrentamiento contra la corrupción.
Reconoció que la ínsula caribeña cuenta con una vasta experiencia en áreas como la reducción del consumo de drogas, el tratamiento y rehabilitación de consumidores de estupefacientes y el desarrollo de políticas de prevención y lucha contra ese crimen y otros males.
El experto reconoció que la Mayor de las Antillas reporta la tasa de violencia y criminalidad más baja en el Caribe, lo cual permitiría a sus autoridades replicar ese modelo de gestión para que pueda ser aprovechado por otras naciones del área.
Enfatizó el ejecutivo en la necesidad de lograr que encuentros como este en La Habana incentiven una participación más activa en la implementación de los mecanismos de monitoreo de la Convención de Mérida, México, de la cual Cuba es miembro.
Se trata de un instrumento jurídico global que establece el deber de los Estados parte de formular, aplicar y mantener políticas contra la corrupción, que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios de legalidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía.
Sus objetivos son promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción; potenciar, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, y suscitar la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.
Durante el evento hubo varias conferencias, ponencias y talleres, intervenciones especiales como la de la doctora Luisa Ortega, fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, quien insistió en que la corrupción guarda estrecha relación con el sistema de antivalores instaurado en gran parte del mundo.
Ortega apuntó que ese mal en Latinoamérica tiene su origen en la crisis de los fundamentos éticos promovidos por un sistema hegemónico enfermo, caracterizado por la degradación de las sociedades tradicionales y la sobrevaloración del dinero, pues el sistema de valores instaurado en el mundo actual se enmarca dentro de una concepción económica, de libre mercado, que tiene como elemento fundamental el consumismo y el individualismo.
