Las Cumbres de las Américas han servido desde sus inicios para tratar de imponer los intereses y proyectos de Estados Unidos en la región y cada vez se convierten más en una pérdida de tiempo pues no resuelven los verdaderos y enormes problemas sociales y económicos que padecen las naciones del hemisferio sur.

Y esto quedó nuevamente demostrado en la recién finalizada Cumbre Extraordinaria efectuada, a instancias de Washington y Canadá, en Monterrey, México, durante el 11 y 12 de enero pasado.

La cita llevaba desde un principio una agenda impuesta desde Norteamérica para discutir el crecimiento con equidad, desarrollo social y gobernabilidad democrática, que envolvían temas como el compromiso de crear el Area de Libre Comercio para las Américas (ALCA) en enero de 2005, analizar el terrorismo y la corrupción.

Estos últimos fueron los temas principales planteados por la Casa Blanca en el cónclave, y han sido esgrimidos reiteradamente por el presidente George W. Bush desde su llegada al poder para intentar obviar la realidad que vive hoy América Latina después de la implementación de políticas neoliberales y de libre comercio que han dejado una amplia estela de hambre, desocupación y pobreza.

En la primera Cumbre, efectuada en diciembre de 1994 en Miami, se planteó la necesidad de impulsar el libre comercio en el hemisferio para “expandir la prosperidad y erradicar la intolerable y moralmente inaceptable” pobreza en el continente.

El lenguaje bello y enaltecedor que llevaba el mensaje fue como un canto de sirenas para muchos gobiernos de Latinoamérica que pensaron resolver los problemas con las directrices que enarbolaba Estados Unidos.

Para alcanzar esa prosperidad se hacía necesario, según las orientaciones de 1994, eliminar las barreras comerciales, arancelarias y de subsidios, a la par que se debían impulsar los tratados bilaterales de libre comercio para ir construyendo el terreno que llevara al nacimiento del ALCA en el 2005.

Diez años más tarde, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe aseguran que la pobreza se eleva hoy en día a más de 220 millones de latinoamericanos que representan el 43,5 % de la población total.

En los fríos datos no se refleja que otro 25 % sobrevive con bajos salarios que solo alcanzan para obtener la canasta básica de alimentos y pagar los servicios de alquiler, agua y electricidad, sin tener oportunidad de recibir servicios de salud y educación por sus altos costos.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que en la región hay 20 millones de personas desempleadas en las áreas urbanas y un número superior de subempleados en las zonas rurales.

La OIT advirtió que la situación se agrava cuando se ve crecer de forma exorbitante el trabajo “informal” en las ciudades como un paliativo que no aporta dividendos a la economía nacional y que tampoco resuelve los problemas de fondo de la pobreza y la desigualdad.

En Monterrey los vientos no soplaron a favor de la agenda prevista por Washington a pesar de que se logró, bajo fuertes presiones, que las naciones involucradas firmaran una Declaración Final, o como indican los analistas, un frío documento burocrático.

Las intervenciones del presidente venezolano Hugo Chávez, y su colega argentino Néstor Kirchner fueron rotundas respuestas a las políticas de rapiña esgrimidas por Washington durante décadas contra las naciones del hemisferio.

Chávez y Kirchner responsabilizaron a Estados Unidos y a los organismos multilaterales, de consolidar el modelo económico neoliberal con sus secuelas de injusticia, quiebra de economías, desigualdad en la distribución de ingresos e impulsor de la corrupción que sufren muchas naciones.

El estadista argentino puntualizó que esas circunstancias fueron posible por los principios impuestos en la década de los 90, como la apertura financiera indiscriminada, la desaparición del Estado como velador del derecho público y las privatizaciones a cualquier precio.

Para resolver las penurias del hemisferio que cada vez se profundizan con más fuerza, el mandatario exhortó a cancelar la deuda externa, adoptar políticas razonables de intercambio comercial justo, y llamó a Estados Unidos a diseñar un verdadero plan de apoyo económico a la región.

El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, refirió que los males fundamentales de América Latina son la pobreza y las desigualdades, con lo que minimizó el papel que la Casa Blanca otorga a la corrupción y al terrorismo.

Aunque el documento de Monterrey refleja la formación futura del ALCA, no fija la fecha de su creación, lo que indica que los países del área, encabezados por Brasil, Argentina, Venezuela y Paraguay impusieron el criterio de que antes de dar ese paso, Latinoamérica debe fortalecer sus mecanismos regionales que evitarían las consecuentes desventajas para las naciones vulnerables.

En definitiva, la Cumbre Extraordinaria de las Américas fue una fuerte puja entre las medidas que deseaba adoptar el gobierno de Estados Unidos para estrechar su control sobre América Latina y la reticencia ofrecida por las naciones del continente para que la soga no se cerrara sobre sus cuellos.