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Semanario Económico y Financiero de Cuba

Venezuela, cinco años de extorsiones estadounidenses

Ante la inoperancia de las Naciones Unidas que observa impávida el accionar de Washington, Caracas decidió elevar a la Corte Penal Internacional de La Haya una demanda contra Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad

El Gobierno estadounidense tras la llegada de Donald Trump, la presidencia, se ha desbocado en su ambición de dominar al mundo y para tratar de lograrlo ha lanzado golpes de estado y guerra contra algunos países y a la par aplica extorsiones económico-financieras contra decenas de naciones.

En el caso de Venezuela, el bloqueo en todas las dimensiones se cierra cada día más para derrocar al sistema democrático elegido por la mayoría del pueblo (establecido desde 2009 por el líder histórico Hugo Chávez y continuado por Nicolas Maduro) que ha representado desde entonces un trago amargo para Washington en su afán de implantar en América Latina la doctrina Monroe.

Ante la inoperancia de las Naciones Unidas que observa impávida el accionar de Washington, Caracas decidió elevar a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya una demanda contra Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad, como forma de que el mundo se entere de los desmanes de la administración Trump contra su país.

Y digo solo que las naciones del orbe conozcan sobre esta guerra contra Caracas pues en la práctica no se tomarán acciones ya que Washington desconoce a la CPI.

Jeffrey Sachs, profesor de economía y asesor superior de Naciones Unidas, declaró que “las sanciones quedarían comprendidas en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal y como se describe en los convenios internacionales de Ginebra y de La Haya”.

El 9 de marzo se cumplieron cinco años de incesantes medidas coercitivas de las administraciones norteamericanas contra Caracas, cuando el ex presidente Barack Obama declaró a Venezuela como amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad política y exterior de Washington.

Primeramente fueron congelados los activos de funcionarios venezolanos en Estados Unidos y se extendió después a toda persona que el secretario del Tesoro y el de Estado acusaran de responsable o cómplice de acciones que Washington definiera como ilícitas.

Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se ampliaron las medidas unilaterales que imponen un bloqueo económico, financiero y comercial total contra el pueblo y gobierno venezolanos.

Ya en agosto de 2017, Trump promulgó el decreto 13808 que prohíbe la compra directa o indirecta de valores procedentes de Venezuela; recrudeció el boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada y pública; afectó las operaciones de la estatal petrolera PDVSA.

La medida impide que el país tenga acceso a los mercados financieros de Estados Unidos, lo que da como resultado una fuerte caída en la capacidad importadora de la nación sudamericana.

En marzo de 2018 el mandatario firmó el decreto 13827 que prohíbe toda transacción con el uso de dinero electrónico y moneda digital del gobierno de Venezuela con el fin de torpedear la criptomoneda (petro) que el presidente Nicolás Maduro había lanzado semanas antes.

Dos meses después, el 21 de mayo de 2018, Trump dio luz verde al decreto 13835 que recrudece prohibiciones de transacciones u operaciones de refinanciamiento de la deuda venezolana aplicada a todos los entes estatales, entre estos el Banco Central de Venezuela y nuevamente PDVSA.

El 1ro. de noviembre de 2018 firmó el decreto 13850 que establece un marco para bloquear los activos y prohibir las transacciones de las personas que operan en el sector oro o en cualquier otro de la economía.

Amparado en ese decreto, el 28 de enero de 2019 se catalogó a PDVSA como empresa designada y en consecuencia todos los bienes y las participaciones de la estatal petrolera que se encuentran bajo las jurisdicciones de Estados Unidos, incluyendo la filial Citco, fueron bloqueadas y se prohibió que ciudadanos y compañías estadounidenses realizaran operaciones con la empresa.

Otra orden ejecutiva, la 13884 del 5 de agosto de 2019, amplió el programa de sanciones a la categoría de embargo y procedió al bloqueo de todos los activos del Estado venezolano en territorio estadounidense y autorizó la aplicación de sanciones secundarias contra empresas y países que tuvieran relaciones comerciales con Caracas por lo que también se afectó el sector privado.

La presión no termina, pues en marzo de este año Trump envía una carta al Congreso para extender la orden ejecutiva 13692 con respecto a la situación en Venezuela.

A las extorsiones se le suma la cacería desde otros frentes como el sobredimensionado riesgo-país que multiplica inmensamente el costo de la deuda soberana, una calificación que no se corresponde con la realidad sino a la campaña de terror que lleva adelante Estados Unidos.

A la larga lista se agregan las restricciones financieras sobre operaciones de comercio internacional que se vinculan a la importación de alimentos, medicamentos y repuestos estratégicos para empresas y servicios públicos, acciones que han provocado que Venezuela perdiera más de 40 000 millones de dólares y que ha frenado el desarrollo de un país que había trazado su hoja de ruta soberana.

Como la Organización de Naciones Unidas ha permanecido impávida ante las constantes agresiones del imperio, el Gobierno bolivariano ha decidido llevar el caso a la Corte Penal Internacional de La Haya para que el mundo conozca los grandes desmanes que provoca a su pueblo las constantes acciones desestabilizadoras de la Casa Blanca que cada día esta más irritada por la capacidad de resistencia del gobierno democrático caraqueño.