Autor: Internet Publicado: 21/06/2021 | 09:31 pm
El reelegido presidente colombiano Juan Manuel Santos logró derrotar en las últimas elecciones a su contrincante Oscar Iván Zuluaga, debido a que era la única opción posible de que en esa nación sudamericana se alcance una relativa paz después de 50 años de guerra.
Esa resultó la verdadera causa para que se alzara con una victoria sobre su contrincante, y declarado delfín del ex mandatario Álvaro Uribe, quien apostó todas las cartas a eliminar por medio de las armas a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que han demostrado tener capacidad, organización y potencia para rechazar las numerosas operaciones lanzadas contra ellos a lo largo de medio siglo.
La gran mayoría de la población colombiana espera la llegada de la paz pero también la eliminación de las represiones a los movimientos obreros y campesinos; una política social que saque de la pobreza a millones de sus habitantes la creación de empleos estables y la posibilidad de educación y atención médica gratuitas.
De acuerdo con muchos analistas y los propios habitantes de esa nación será difícil alcanzar esas demandas con las medidas neoliberales y de libre comercio que se han implementado en los últimos años.
Memorables fueron las palabras del presidente Santos,quien en una conferencia en la Casa Blanca junto a su homólogo Barack Obama significó que hacía dos décadas soñaba con la suscripción del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC), que por fin entró en vigor el 15 de mayo de 2012.
Esa aspiración, su antecesor Álvaro Uribe la convirtió prácticamente en obsesión total para entregar, en bandeja de plata, industrias, tierras y hasta la soberanía del país a las transnacionales y a su fiel aliado.
Uribe, sus ministros y empresarios viajaron en múltiples ocasiones a Washington para convencer a los congresistas estadounidenses que se oponían al TLC (similar gestión realizó Santos) y con ese fin, Bogotá abrió su territorio a las tropas yanquis e impulsó las privatizaciones en amplios sectores de la economía.
Con todas las facilidades se incrementaron las ventas de empresas de producción y servicios como las compañías eléctricas de Boyacá, Pereira, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, Meta y Termocandelaria; de terrenos para la extracción de minerales,la agricultura extensiva y la construcción de hidroeléctricas con los consecuentes perjuicios a los pobladores y al medio ambiente.
Las oleadas de privatizaciones incluyeron los bancos Popular y Colpatria, las empresas inmobiliarias, de servicios de agua potable y alcantarillado, así como la educación, la salud y los seguros.
Las 1 531 páginas del TLC están dirigidas directamente a desarticular la soberanía del país al convertirlo en ley tutelada por lineamientos internacionales mediante el cual ningún organismo del Estado puede aprobar algo que contradiga ese texto. Solo Washington ostenta el derecho a realizar modificaciones a la ley con las consabidas ventajas a su favor.
Para reforzar el cerco neoliberal del Tratado, Colombia se comprometió -dentro del acápite de la Propiedad Intelectual-, a ceñirse por otros cuatro acuerdos internacionales que favorecen la penetración y libre accionar de las transnacionales estadounidenses en el país, sin tener que responder por reclamaciones ambientales, despidos laborales y violaciones de derechos humanos.
Durante 2013, y principios de 2014, ocurrieron en el país numerosas huelgas obreras y campesinas en reclamo de empleos; el cese de los despidos; demandas de tierras y eliminar la competencia abismal que tienen los productores con respecto a las mercancías importadas.
Las manifestaciones, marchas, plantones, bloqueos de carreteras por campesinos, productores agrarios y sectores solidarios fueron masivas y en la mayoría de los casos sufrieron la represión militar y policial.
Tras la victoria del reelegido presidente Manuel Santos, el vicepresidente estadounidense Joe Biden visitó Bogotá, para según las informaciones conocer sobre las conversaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla, y recordarle a Santos la importancia de mantener las estrechas relaciones bilaterales. Como se desprende, el control es necesario para que las cosas no se salgan del cauce.
Seguidamente, el flamante Presidente colombiano viajó a Nayarit, México, donde participó en la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico, un bloque político-comercial, integrado por Chile, Perú, Colombia y México, cuya fundación se efectuó en abril de 2011 en Lima, Perú y se consolidó en la reunión de Chile en el mes de junio de 2012.
A partir de ese momento, los gobiernos neoliberales de la región, bajo la orientación de Estados Unidos, se han agrupado con el objetivo de debilitar a la unión e integración latinoamericanas, y esa maniobra los analistas la consideran como una forma de Washington de introducir una nueva versión del Caballo de Troya.
En la Cumbre de Nayarit, Santos reiteró sus loas a la Alianza y auguró un gran futuro para sus miembros.
Refiriéndose a esa organización, el presidente boliviano Evo Morales, denunció durante la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) efectuada en enero último en La Habana, que los servicios básicos como el agua y la energía no pueden ser un negocio privado para los pueblos, pues son derechos fundamentales para el ser humano.
En Colombia, el senador por el Polo Democrático Alternativo, Jorge Robledo señaló que la Alianza y lo que emana de esa es un garrotazo al campo colombiano, terminará de arruinar al agro y la industria, e incrementará el desempleo y el atraso productivo.
En definitiva, se abre otra nueva etapa para el presidente Santos, durante la cual tendrá que lograr los acuerdos de paz con los movimientos guerrilleros, pero también realizar mejoras sociales y económicas a favor de la mayoritaria población pobre del país, inalcanzables con políticas neoliberales.
