La ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, apuntó que ya en otras ediciones de la Mesa Redonda Televisiva se informó sobre el tema de los medicamentos, un asunto muy  sensible que se continúa evaluando, lo cual no resulta fácil por todas las aristas que conlleva.

Explicó que no solo se debe tener en cuenta la cuestión económica o la magnitud en la que crecen los costos para la producción o de la importación, sino además el uso del medicamento, la fecha del tratamiento, entre otros elementos que exigen un trabajo muy riguroso del Ministerio de Salud Pública y de BioCubaFarma.

Puntualizó sobre la rebaja y adecuación de 23 medicamentos, unos porque ya no se iban a importar y comenzaba su producción en el país, y 11 a los que expresamente se les rebajaron los precios.

A partir de un análisis y considerando los criterios médicos, la fecha del tratamiento, y otros elementos, se hizo una revisión que posibilitó que 37 medicamentos del Anexo III de la Resolución 345, pasaran a categorizarse como complementarios y adopten el precio anterior a la Tarea Ordenamiento.

Precisó la Titular que se mantiene el subsidio aproximadamente, en términos de medicamentos y de su venta minorista, en más de 2 000 millones de pesos pues todos los fármacos que son controlados y sus suplementarios se siguen vendiendo al precio anterior.

En esa esfera se produce una rebaja del 15 % en los precios minoristas de 41 medicamentos que se mantienen con precios adaptados al nuevo escenario, pero el ajuste se hizo como resultado de reducir los márgenes comerciales de productores y comercializadores. 

Precisó que se ha dado una reacción favorable en las entidades que intervienen en este proceso al estrechar su margen a favor de una disminución, lo cual muestra la sensibilidad y el enfoque empresarial de justicia social que no desaparece con la Tarea Ordenamiento.

Subrayó que hay personas que requieren ayuda y apoyo porque sus gastos de vida no les permiten complementar la compra de medicinas en tratamientos específicos, y es ahí donde hay que acudir a los beneficios de la asistencia social.

Ilustró además con cuatro medicamentos que se emplean principalmente en padecimientos de personas de la tercera edad, como el Truabin, cuya producción o importación incrementó los costos, y a los cuales se les aplica una rebaja de más de 50 % (esa diferencia la financia también el presupuesto estatal y significa un subsidio parcial de  aproximadamente 14 millones de pesos).

Aclaró que en nuestro país todos los medicamentos que son de uso hospitalario, Salud Pública los ofrece de forma gratuita, además de los tratamientos.

La Ministra comentó que se han ido realizando varios ajustes en correspondencia con el salario, la capacidad de compra de las personas, así como los precios y recordó que existen normas jurídicas, como la Resolución No. 5, que ratifica la acotación de los precios de comedores obreros.

Lo que se señala como acotación son 18 pesos promedio para el cobro del servicio y se reconoce la posibilidad de dar opcionales para quien quiera consumir otros productos, lo cual permite compensar los costos que no se pueden recuperar al estar acotado el precio del comedor.

Precisamente la queja de los trabajadores sobre los precios del comedor obrero fue uno de los asuntos examinados en recorridos por provincias, y alegó que tanto las administraciones como los colectivos laborales deben saber que es pública esa resolución del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), donde se indica a las empresas que si los costos son superiores a la acotación, pueden asumirlos desde las utilidades y, en el caso de las unidades presupuestadas, dentro del presupuesto aprobado.

Otras quejas se refieren al precio del servicio de limpieza de fosas, cuyo costo es de 280 pesos, pero ante la reiteración del servicio se aplica una bonificación que permite al cliente, por las propias características o condiciones especiales, solo se cobre como si fuera una sola vez.

Se ha aprobado una modificación de la Resolución 314 de 2020 del MFP, que rige los servicios de aduana, por la cual se rebajan las tarifas de determinados servicios que impactan en las entidades que los reciben, y se favorecen los costos también hacia la economía.

La Titular del MFP explicó que muchas acciones han llevado ajustes, lo cual incide en la reorganización de un presupuesto que tiene un déficit de 86 millones de pesos e instó a que cada vez que se tome una decisión se haga bajo el principio de la racionalidad pues aunque el presupuesto prevé reservas para tales casos, se deben preservar las asociadas a situaciones excepcionales.

No obstante, precisó, ninguno de los cambios significa actuar bajo terapias de choque que desconozca a los vulnerables o a las nuevas personas detectadas ahora como necesitados de los beneficios de la seguridad social.

Sobre las tasas de peaje apuntó que se paga cada vez que un ciudadano transita por las vías sujetas a ese tributo, como es el caso de la Autopista a Varadero, la cual ahora es de 20 pesos, teniendo en cuenta que lo aportado se destina a la reparación de esa ruta.

Teniendo en cuenta el aumento de costos en todos los sectores de la economía por la aplicación de las tarifas de transportación de carga, se modifica la Resolución 311 del 2020 del MFP, que implica una rebaja del 30 % a las tarifas establecidas para la transportación de cargas, tanto por ferrocarril, carretera, o la forma multimodal.

Además ya se implementa en el país el cobro del combustible a precios mayoristas para los transportistas del modelo de gestión asociado a la Empresa TaxisCuba, así como a los taxis ruteros; un cambio que se aprobó bajo el principio de generalidad y para que todos puedan operar en igualdad de condiciones (se abaratan los costos en alrededor del 35 % lo cual debe repercutir en la rebaja de precios de estos servicios a la población).

“El MFP aplica el Decreto 30 de 2021 dirigido a las contravenciones por violaciones en materia de precios, una acción más como parte de la respuesta combativa que hay que dar a estos hechos, sobre todo en el actual escenario”, señaló la Ministra.

Con esa normativa se regulan dos nuevas contravenciones de precios minorista, la retención o no comercialización de mercancías destinadas a la venta a la población, y la aplicación de precios abusivos y especulativos, además de incluir lo referido a la sanción de decomiso y venta forzosa de los bienes.

“La ética, el respeto y la responsabilidad son asuntos claves a la hora de aplicar el nuevo decreto”, puntualizó la funcionaria al insistir en que las personas tienen derecho a reclamar si consideran que se ha actuado de forma errónea contra ellas. Además que, en caso de no pagarse la multa esta se duplica transcurridos 30 días, y luego de igual plazo se puede formular la denuncia para abrir un proceso penal contra el infractor.