La XVI Reunión Ordinaria de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe (Coppesaalc) sesionó del 4 al 6 de septiembre en La Habana con la formulación de un plan de trabajo para el bienio 2019-2020 y la presentación de recomendaciones a la Conferencia regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La ministra de la Industria Alimentaria de Cuba, Iris Quiñones Rojas, afirmó en la jornada inaugural que este tipo de encuentro ofrece una oportunidad para integrar aún más las políticas públicas orientadas al ordenamiento de esta rama y potenciar la pesca artesanal y la acuicultura como fuentes esenciales de proteínas y nutrientes esenciales y como proveedoras de empleo, ingresos y medios de subsistencia para las poblaciones de la región, en especial de las comunidades costeras.

Exaltó la titular que desde febrero de 2017 fue aprobada la política para la actividad pesquera en la Mayor de las Antillas que establece los principios de ordenamiento y promueve el uso sostenible de los recursos marinos y acuícolas.

“En julio último durante una sesión ordinaria del Parlamento fue aprobada la Ley de Pesca entre las primeras que se presentan al Parlamento después de ratificada la Carta Magna de la nación cubana”, sostuvo Quiñones Rojas.

Subrayó que ahora el país se encuentra en un proceso de aprobación del reglamento y un conjunto de normas complementarias que faciliten el cumplimiento de esa legislación, y además se prevé contar con un decreto que implementa el acuerdo sobre las medidas del Estado, destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.

Expresó que con la nueva Ley de Pesca se establecen las regulaciones para el adecuado ordenamiento, administración y control de la pesca en función de la conservación y el aprovechamiento racional de los recursos hidrobiológicos en las aguas marítimas, fluviales y lacustres.

Al precisar que la actividad pesquera en Cuba es de pequeña escala, insistió en que, tal como refrenda la nueva legislación, es prioritario potenciar la acuicultura, asunto primordial en los debates de este encuentro.

Señaló que el país trabaja en el contexto del Código de conducta para la pesca responsable y en la observancia de la agenda 2030 de la ONU, en particular en lo relativo al Objetivo 14, dedicado a “conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para el desarrollo”, por su aporte a la seguridad y soberanía alimentarias, y a la reducción de la pobreza.

Remarcó la Ministra los vínculos de esa actividad con el cambio climático el cual agrava los problemas ambientales y en ese sentido expresó nuevamente  la disposición de Cuba de colaborar en todas las disciplinas asociadas con esta rama, involucrada como muchas otras a la Tarea Vida, plan del Estado para enfrentar las consecuencias del calentamiento global a partir de implementar medidas de mitigación y/o adaptación a sus efectos.

En declaraciones a la prensa, la titular cubana explicó que antes de la cita sostuvo provechosos diálogos con sus homólogos de Nicaragua  y Jamaica, para retomar convenios de colaboración que existieron entre esas naciones y la mayor isla del Caribe.

Marcelo Resende de Souza, representante de la FAO en La Habana, puso a Cuba de ejemplo en cuanto a la política pública de acuicultura y pesca artesanal, al puntualizar que el país tiene muy bien estructurado este sistema y prioriza a los pequeños acuicultores, además de aplaudir la reciente aprobación de una Ley que favorecerá el crecimiento y perfeccionamiento de esa rama y su avance sostenible.

Una pesca más racional y sostenible

La XVI Reunión Ordinaria de la Coppesaalc posibilitó a los representantes de los 18 países asistentes intercambiar experiencias e integrarse en un diálogo de respeto que permita estrategias más coherentes sobre el desarrollo del sector, teniendo en cuenta que el 85 % de las capturas de pescados y mariscos que llegan a las mesas de las familias en esta zona proviene de la pesca artesanal.

También permitió la cita promover la alineación del trabajo de la Comisión con el contexto de la Iniciativa Global de Crecimiento Azul,  y el examen de la coyuntura actual y los grandes retos del sector en el área, así como identificar posibles acciones de cooperación Sur-Sur y alianzas estratégicas con otras organizaciones.

Además facilitó el examen de temas como el estado de situación de la pesca marina, la continental y la acuicultura en los países de la Coppesaalc, así como los retos frente al cambio climático, los derechos de pesca, sobreexplotación de los recursos marinos, debilidad de las instituciones en la vigilancia y control de la pesca ilegal, el fomento del consumo de pescado en las poblaciones pobres y más vulnerables, entre otros desafíos.

Participaron en el evento el presidente ejecutivo del Instituto Nicaraguense de la Pesca y la Acuicultura, Edward Alexander Jackson Abella y William JC Hutchinson, ministro sin cartera de Industria, Comercio, Agricultura y Pesca de Jamaica, país que, al igual que Cuba, aprobó recientemente una nueva Ley de Pesca en pos de renovar la gestión y el manejo de la actividad, pues algunas de las legislaciones vigentes en el área  son incluso centenarias, y requieren modificaciones para su actualización.

Las  21 naciones miembros de la Coppesaalc son actualmente Argentina, Ecuador, Panamá, Bolivia, El Salvador, Paraguay, Brasil, Guatemala, Perú, Chile, Honduras, República Dominicana, Colombia, Jamaica, Surinam, Costa Rica, México, Uruguay, Cuba, Nicaragua y Venezuela.

La Coppesaalc fue establecida en 1976 por el Consejo de la FAO con el propósito de promover la ordenación y el desarrollo sostenible de la actividad pesquera en pequeña escala, artesanal y de la acuicultura.

Para cumplir con ese propósito se sustenta en los principios y disposiciones del Código de Conducta para la Pesca Responsable de la FAO, así como de las Directrices Voluntarias para Garantizar la Sostenibilidad de la Pesca en Pequeña Escala y otros instrumentos complementarios aplicables adoptados por esa institución de la ONU. 

Se considera una instancia de gobierno regional constituida por funcionarios de nivel ministerial que representan a los países miembros y la cual define las líneas de atención prioritaria para la asistencia técnica en el área por esa organización.

Sus deliberaciones se nutren de recomendaciones de diversos órganos y actores, entre los cuales se incluyen las Comisiones Técnicas Estatutarias de la FAO.