El Parque Científico-Tecnológico de La Habana es una institución clave para el desarrollo del país. Autor: Archivo Publicado: 11/11/2026 | 07:14 am
La nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación coloca al conocimiento en el centro de la estrategia cubana de desarrollo. Su propósito es fortalecer la relación entre la investigación, la producción y las necesidades económicas y sociales del país.
La norma busca que los resultados científicos trasciendan el ámbito académico y se conviertan en soluciones concretas, para lo cual promueve una mayor articulación entre las políticas nacionales, sectoriales y territoriales.
También establece un marco para ordenar la generación, difusión y utilización del conocimiento. El desafío consiste en transformar esa capacidad científica en bienestar, innovación y desarrollo sostenible.
Acercar la ciencia a la sociedad
Identificada como Ley 182/2025, la disposición fue aprobada por el Parlamento cubano durante su sexto período ordinario de sesiones en diciembre del año precedente. Su publicación se realizó en la edición ordinaria número 94 de la Gaceta Oficial de la República, y se estableció un plazo de sesenta días para su entrada en vigor.
La legislación comprende la investigación y el desarrollo, la transferencia tecnológica y la creación de productos y servicios científicos. Incluye, además, la educación científica y tecnológica, tanto general como especializada.También abarca el aprendizaje vinculado con las actividades productivas y el asesoramiento científico.
La gestión y la evaluación del impacto de estas actividades forman parte de su alcance. Con ese enfoque, pretende fomentar una cultura de innovación que involucre a los distintos actores de la sociedad, en tanto, la aplicación práctica del conocimiento aparece como una prioridad para responder a los problemas del país.
No se trata únicamente de producir resultados, sino de facilitar su incorporación a la vida económica y social.
Una construcción colectiva
El ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista, destacó el carácter participativo de la elaboración de la ley. Según declaró a la prensa, la norma es fruto de una construcción colectiva de la comunidad científica cubana, pues en ese proceso intervinieron investigadores, profesores, estudiantes, empresarios y productores agrícolas.También participaron directivos y comunicadores, como parte de una consulta que reunió experiencias de diferentes sectores.
El titular del Citma calificó la legislación como resultado de la evolución de la política nacional de ciencia e innovación y la vinculó, asimismo, con las transformaciones institucionales impulsadas durante los últimos años.
Esos cambios han incorporado nuevas figuras destinadas a dinamizar la actividad científica y tecnológica y, en ese sentido, la ley procura articularlas dentro de un sistema orientado hacia los objetivos de desarrollo.
Instituciones para impulsar la innovación
Entre esas figuras se encuentra el Consejo Nacional de Ciencia e Innovación. Su función como espacio de discusión de políticas sitúa estos asuntos al máximo nivel de Gobierno. A ello se suma el Sistema de Gestión de Gobierno basado en Ciencia e Innovación.
Se trata de un enfoque que vincula el ejercicio de la gestión pública con el aprovechamiento del conocimiento científico. Por ejemplo, los Parques Científico-tecnológicos también forman parte de las transformaciones señaladas por el ministro.
El conjunto incluye las fundaciones de ciencia y tecnología y las entidades de interfaz en las universidades y se añaden las Empresas de alta tecnología y los incentivos introducidos a la producción científica y la innovación. Estas figuras integran el entramado institucional con el que Cuba busca movilizar sus capacidades de investigación.
Su articulación resulta relevante para acercar los resultados científicos a quienes pueden aplicarlos. La conexión entre universidades, centros de investigación y actores productivos ocupa así un lugar destacado.
Potencial humano como prioridad
La legislación reconoce al potencial humano como el principal componente de la capacidad científica, tecnológica e innovadora del país. En consecuencia, prioriza su selección, formación, permanencia, superación y actualización, y también contempla la estimulación y el reconocimiento de quienes participan en estas actividades.
La atención al personal científico se plantea desde el respeto al pleno ejercicio de los derechos ciudadanos, en tanto, la equidad de género y el avance de los grupos subrepresentados forman parte de ese enfoque. La norma incorpora, además, la diversidad regional y la promoción de valores éticos, humanos y democráticos.
El sistema de reconocimientos y premios a los resultados de la actividad también es objeto de perfeccionamiento. A la vez, se busca agilizar los procedimientos relacionados con las categorizaciones docentes y científicas. La formación y el reconocimiento del talento aparecen, por tanto, como tareas vinculadas con la capacidad de innovar.
Financiamiento, aplicación e impacto
La nueva ley aborda dificultades esenciales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre estas figuran los desafíos asociados al potencial humano y la falta de financiamiento en divisas. También reconoce el insuficiente aprovechamiento del conocimiento en la toma de decisiones.
Otro reto es aumentar la visibilidad de los impactos económicos y sociales de la actividad científica. Son problemas que sitúan la aplicación de los resultados en el centro de la discusión.
En una conferencia de prensa recién celebrada en la sede del Citma, expertos destacaron el alcance multipropósito de la norma. Según explicaron, su concepción incluye un ecosistema financiero, acceso al capital e inversiones.También contempla incentivos y beneficios fiscales para favorecer las acciones comprendidas en su ámbito.
El esquema prevé combinar proyectos con financiamiento público y privado. El conocimiento se concibe, de ese modo, como un recurso productivo para el desarrollo empresarial.
Participación y acceso al conocimiento
La legislación promueve prácticas abiertas, transparentes, éticas, colaborativas e inclusivas. Con ello busca favorecer la participación de todos los actores del sistema y el libre acceso al conocimiento.
El Estado garantiza el derecho de las personas a participar individual y colectivamente en estas actividades. Un derecho que comprende la producción, difusión y utilización de la ciencia. También se reconoce el ejercicio de la investigación, el desarrollo y la innovación en condiciones de objetividad.
La posibilidad de corroborar los resultados constituye otro elemento de esas garantías. Y según trascendió, la participación ciudadana puede desarrollarse tanto en el plano nacional como en el internacional.
La norma ratifica, además, la ética y la vocación de servicio de los científicos e innovadores cubanos, subraya el papel de la cooperación internacional y de la Academia, y realza, entre otras prioridades, la inserción de la ciencia cubana a escala global.
La nueva legislación señala, precisamente, que el desarrollo científico y tecnológico nacional se concibe en complementariedad e integración con el resto del mundo. La colaboración, la igualdad entre las naciones y la integración regional orientan ese propósito.
Para favorecerlo, se plantea potenciar la conectividad de los actores y sus vínculos con el exterior. El intercambio y la participación en redes y proyectos son vías previstas para ampliar esa relación. Entre los ejemplos citados figura una convocatoria conjunta del Citma y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de China, una iniciativa que comprende proyectos de investigación sobre inteligencia artificial y medicina natural y tradicional.
La norma reconoce, asimismo, el papel protagónico de la Academia de Ciencias de Cuba. En este caso, Rodríguez Batista destacó su condición de institución independiente, atendida por el Consejo de Ministros. Ese reconocimiento se acompaña de una disposición específica dentro del paquete normativo publicado.
Conjunto de normas
Junto con la ley, la Gaceta Oficial publicó el Decreto-Ley 139, referido a la Academia de Ciencias de Cuba. El paquete incluye también los decretos 154 y 155.
El primero establece el Reglamento de la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación. El segundo regula la actividad de innovación y racionalización. Estas disposiciones complementan el marco general previsto para organizar la actividad científica y tecnológica.En conjunto, conforman la base normativa de las transformaciones descritas por las autoridades del sector.
Lo sostenible desde los territorios
La ley vincula el avance de la ciencia con la elevación sostenida de la calidad de vida de la población. Su enfoque combina el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. El objetivo es satisfacer las necesidades actuales sin poner en riesgo las de las futuras generaciones.
La sociedad del conocimiento se presenta como una vía fundamental para impulsar ese desarrollo. La proyección comprende los ámbitos provincial, municipal y local, además de la escala nacional. De ahí la importancia concedida a conectar la estrategia del país con las políticas de cada territorio.
La innovación se sitúa como una pieza clave de esa arquitectura institucional y productiva. Su alcance práctico dependerá de la capacidad para articular talento, recursos, cooperación y necesidades sociales.El reto será que el conocimiento generado encuentre vías efectivas de aplicación y resultados verificables. Con esa certeza, Cuba apuesta por convertir la ciencia, la gestión tecnológica y la innovación, en motores de su avance socioeconómico sostenible.
