Welner Collejo Jerez Director Adjunto de la Onure. Autor: Cortesía del entrevistado Publicado: 12/03/2026 | 06:22 pm
En un contexto electroenergético difícil, marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense, las limitaciones en la generación y el alto costo del subsidio estatal a la electricidad, Cuba ha dado un paso decisivo en la extensión de los planes mensuales de consumo eléctrico a todas las formas de gestión no estatal, refiere Cubadebate.
Lo que comenzó en 2025 como una medida focalizada en los grandes consumidores, se ha convertido en una política de alcance nacional que, en el último trimestre de ese año, abarca ya a la totalidad de mipymes, cooperativas, trabajadores por cuenta propia y demás actores económicos no estatales que emplean energía eléctrica para su funcionamiento. La iniciativa, persigue un objetivo claro: racionalizar el uso de un recurso indispensable, subsidiado y escaso, sin frenar el aporte de estos actores al desarrollo económico y social del país.
Para conocer los fundamentos, la implementación y los desafíos de esta política, Cubadebate entrevistó via WhatsApp al licenciado Welner Collejo Jerez, director adjunto de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure).
Fundamentos de una política concebida en tiempos de escasez
Al ser consultado sobre los objetivos fundamentales que persigue la reciente extensión de los planes mensuales de consumo eléctrico a las entidades de gestión no estatal, en el contexto electroenergético actual del país, ofreció una explicación detallada de las premisas que sustentan esta decisión.
-“Hay que partir de que nuestra economía es centralizada y planificada, y que los actores económicos no estatales forman parte importante para el desarrollo económico y social de nuestro país, conociendo también que la energía eléctrica es un recurso indispensable para alcanzar el desarrollo y que gran parte de esta energía es subsidiada por el Estado cubano, aun y cuando tiene un costo elevado para el país”, expresó como preámbulo necesario para comprender el contexto en el que se adopta esta medida.
A partir de estas consideraciones, explicó que “se inició un proceso de asignación de planes a todos los actores económicos no estatales que utilizan la energía eléctrica para su funcionamiento, bajo el principio socialista de consumir solo lo necesario para la producción y los servicios”.
Ante la pregunta de que, hasta ahora, a la mayoría de las formas de gestión no estatal no se les aplicaba este plan, con la excepción de los grandes consumidores, el funcionario explicó en detalle cómo se ha venido regulando y calculando el consumo de estos grandes consumidores no estatales en los últimos años.
“Como es un aspecto novedoso para la economía”, reconoció Collejo Jerez, y procedió a contextualizar la magnitud del universo de actores involucrados: “en el país existen alrededor de 470 000 actores económicos no estatales entre mipymes, trabajadores por cuenta propia, cooperativas no agropecuarias, proyectos de desarrollo local, formas de gestión de fuerza técnica calificada y las cooperativas agropecuarias, que incluyen las CPA, UBPC y CCS”.
Explicó que, para establecer los planes de consumo, “se tomó como base para el plan el consumo de energía del mismo mes del año 2024”. Sin embargo, señaló que “en los casos de La Habana y Varadero, a este consumo se le aplicó una reducción del 15 % debido a que en este año el nivel de afectación en ambos lugares no fue tan significativo como en el resto de las provincias”.
El directivo aclaró que, “desde luego, no todas consumen energía”, y en tal sentido informó que “se inició un proceso de visita por cada territorio a estos actores económicos para notificar la cifra asignada”, lo que implicó un despliegue de los gobiernos locales y las instituciones correspondientes para garantizar que cada actor recibiera la información de manera personalizada.
Señaló que “la instalación de fuentes renovables de energía y tecnologías de eficiencia energética es una de las principales vías para la reducción de sus consumos y para aportar al cumplimiento del plan”, abriendo así una perspectiva de solución estructural más allá de las medidas de restricción temporal.
Una preocupación que ha surgido en el sector productivo, y que fue puesta a consideración del directivo, es la aparente falta de distinción en la aplicación de esta medida entre entidades que producen bienes, como alimentos o bienes exportables, y aquellas que brindan servicios. Sobre este particular, explicó si se establecieron criterios diferenciados y, de no ser así, las razones que lo justifican.
Reconociendo el dinamismo del sector, expuso que “como es evidente, muchos de los locales ya habían incrementado su equipamiento, la cantidad de trabajadores así como sus producciones, con lo cual su nivel de consumo en la actualidad no correspondía con los valores del 2024”.
Ante esta realidad, señaló que “se les dio la facultad a los Consejos Energéticos Municipales, a la dirección de economía y planificación, a la dirección de trabajo, a las empresas eléctricas y a la Onure para realizar una visita técnica. Se aplica una carga física a los equipos que están funcionando y se les asigna un plan ajustado a las condiciones actuales”.
En cuanto a la metodología empleada para determinar el tope del plan de consumo mensual para cada entidad, y si se consideran variables como el tipo de producción, la vinculación a programas de soberanía alimentaria, el destino de la producción, ya sea para consumo interno o para la exportación, o la cantidad de trabajadores, el director adjunto de la Onure explicó los avances que se están realizando en esta dirección
Precisó que, “de conjunto con el Ministerio de Economía y Planificación, se trabaja en un procedimiento para su implementación”, aunque reconoció que esta tarea “es bien compleja debido a la diversidad de actividades que pueden desarrollar estos actores económicos y que les fueron aprobadas para su constitución”.
Ante el temor expresado por algunos actores económicos de que un plan rígido pueda afectar la actividad productiva en sectores clave, el directivo fue consultado sobre qué mecanismos de flexibilidad o revisión existen si una forma de gestión demuestra que necesita más energía para cumplir con sus compromisos productivos, especialmente aquellos ligados a la exportación o a la producción de alimentos.
“El proceso de solicitud, aprobación y asignación del plan es un proceso flexible", afirmó categóricamente Collejo Jerez, y añadió que “desde luego existen actividades priorizadas para la economía y el desarrollo de los propios territorios que tienen la capacidad, la facultad y la flexibilidad para la revisión y asignación del plan en función de las actividades y las prioridades de cada territorio en particular”.
En cuanto al seguimiento y control, detalló que “el proceso de análisis del cumplimiento del plan se realiza mediante la autolectura diaria y, al cierre de mes, con la facturación de la empresa eléctrica, y el resultado del mismo se analiza en los consejos energéticos municipales y provinciales y se adoptan las medidas correspondientes según se establece en el Decreto 110”.
“Este, aunque es un proceso flexible, siempre se parte de una planificación y un control diarios de los niveles de consumo, lo cual permitirá prever y alertar a los consejos energéticos municipales sobre el cumplimiento del plan”, aclaró.
“Hay que agregar también que, como actores de la economía, siempre estarán sujetos a inspecciones por los órganos competentes, y se verificarán las regulaciones establecidas en las normas jurídicas vigentes, principalmente el Decreto 110/2024 sobre Regulaciones para el control de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía, y otros que son del ámbito de su aplicación relacionados con los portadores energéticos”.
El programa de acompañamiento y las sanciones previstas
“Como actor de la economía, se está desarrollando todo un programa de asesoramiento y acompañamiento para el desarrollo de la eficiencia energética y las fuentes renovables de energía, en función de alcanzar las metas establecidas en la estrategia nacional de transición energética”, afirmó.
Detalló las múltiples acciones que se están llevando a cabo en este sentido: “Se desarrollan intercambios, visitas técnicas, diagnósticos energéticos, reuniones para la capacitación y promoción de los incentivos de la resolución 169 del Ministerio de Finanzas y Precios, así como la instrucción del Banco Central de Cuba para el acceso a créditos para adquirir las fuentes renovables de energía y eficiencia energética. También se realizan campañas comunicacionales con ejemplos de buenas prácticas y se muestran los impactos que han tenido los beneficiarios finales con esta resolución”.
“Hay que señalar que los actores no solamente consumen energía, sino que ya muchos de ellos se autoabastecen energéticamente y entregan energía al Sistema Electroenergético Nacional. Hay compromisos firmados ya para seguir incorporando fuentes de energía para su funcionamiento. Además, muchos de ellos son capacitadores, realizan diagnósticos y montajes de tecnologías de fuentes renovables y de eficiencia energética, lo cual significa mucho para el desarrollo energético de nuestro país”, significó el directivo.
“Las medidas punitivas están previstas en la legislación vigente y van desde la divulgación de las malas prácticas, la identificación de entidades incumplidoras o donde se cometen violaciones, la notificación preventiva, la multa y la suspensión de la licencia”, enumeró Collejo Jerez.
Explicó también un aspecto preventivo importante: “Dentro del proceso de aprobación de los nuevos actores económicos no estatales, se necesita una licencia energética emitida por la Onure, donde se verifica que para su funcionamiento contemple el uso de fuentes renovables de energía y tecnologías de alta eficiencia.Posteriormente se procede a su constitución y obtención del registro mercantil”.
Al evaluar la aceptación y comprensión de esta medida en el sector no estatal argumentó que ha tenido una buena aceptación, “pues de alguna forma esta medida obliga a controlar este recurso y a consumir solo lo necesario, lo cual significa un ahorro desde el punto de vista energético y se convierte directamente en ahorro económico para los propietarios y, por consiguiente, en un incremento de sus ganancias”
“Igualmente ha permitido el desarrollo de una cultura energética hacia la soberanía energética y orientada a la inserción de fuentes renovables de energía para su funcionamiento, aportando también a la economía del país y a la reducción de emisiones hacia el medio ambiente.
En cuanto al futuro del procedimiento, fue enfático: “Como toda política, siempre está expuesta a una mejora continua, y en la medida que se avance se propondrán los ajustes necesarios”.
Sin embargo, “la experiencia hasta este momento es que los actores económicos no estatales tienen absoluta conciencia de la situación y, en consecuencia, mantienen un comportamiento alineado con las medidas adoptadas por nuestro país en cada territorio, como parte de la propia resistencia y resiliencia a las condiciones actuales”.
Los actores tienen la palabra
Los productos lácteos de la Mipyme Delola se encuentran en numerosos puntos de la capital. Sin embargo, su directora general, Anabell Meléndez, advierte: “Nosotros prácticamente no tenemos corriente”. Explica que las indicaciones del presidente del país de apoyar los encargos sociales desde la producción chocan con una realidad energética que amenaza con frenar cualquier propósito.
En una reunión con autoridades del gobierno municipal, Delola y otros actores económicos quedaron acuerdos pendientes que hoy urge resolver. “Tenemos varios compromisos para revisar después, como la necesidad real de los productos que hacemos —sanos— y uno era el tema de la electricidad”, recuerda Meléndez.
Para sostener los niveles de producción, la empresa ha tenido que modificar sus horarios. “Estamos trabajando de noche, de madrugada, que es cuando el fluido eléctrico está más estable. Durante el día es casi imposible”, confiesa la empresaria.
Ante esta situación, la mipyme ha considerado los créditos bancarios como posible solución. Pero el camino es complejo. “Me dicen que para pedir un crédito hay que tener un proyecto avalado por una empresa certificada en el país para hacer proyectos de lending. Después tienen que certificar ese proyecto y recién entonces podemos ir al banco”, detalla.
Por ello, Meléndez propuso al presidente del Gobierno y al intendente “una reunión con el banco, con todos los que tengan que ver con el tema, porque hay cosas que deben ser priorizadas. El asunto de la corriente es fatídico para nosotros. Nuestras producciones están muy afectadas”.
Un plan que no llega
La fábrica que hoy ocupa Delola tuvo antes otro uso: allí se producía cerámica blanca, con equipos de altísimo consumo eléctrico. Al llegar, desmontaron toda esa maquinaria e importaron equipos eficientes, de ciclos rápidos. “El plan de energía que tenía asignado esta fábrica era para alto consumo, pero nosotros solo consumimos el 30 % de eso. Y hasta ahora la Onure no nos ha dicho qué plan nos va a asignar”, explica la directiva.
Mientras tanto, esperan por el crédito que les permita instalar paneles solares para estabilizar la producción. “Necesitamos ocho horas de corriente, con el equipamiento a un tercio de su capacidad. Si no, no podemos sostener la producción. Si nos reducen mucho ese consumo, va a ser muy difícil producir”.
“Para separarnos de la red eléctrica creo que lo que hay que hacer es impulsar, con menos burocracia, los créditos bancarios, sobre todo para los que producimos alimentos. Hoy la producción es clave”.
La inversión estimada asciende a 120 000 kw en paneles, unos 80 millones de pesos. “Es mucho dinero. Sin un crédito bancario, ahora mismo nuestra empresa no puede”, concluye.
Realidades diversas
En el municipio Cotorro, la Mipyme Mecatek, dedicada a servicios a terceros, vive una realidad distinta. Su administrador, Yohani Ortega, explica que trabajan reparando equipos de lavandería industrial en hospitales y hoteles, por lo que “la actividad en nuestro domicilio legal es baja, no nos afecta el plan”.
Por su parte, David Marrero, trabajador por cuenta propia del Bazar Villanueva —tienda, bar y ranchón en Boyeros— cuenta que, tras la visita de la Onure en diciembre pasado, tuvieron que reducir su consumo, sobre todo en los equipos de refrigeración. Ahora rotan las cargas para aprovechar mejor la energía. Cree que, en la situación actual del país, hay que usar la electricidad con más racionalidad, aunque opina que los planes deben ser más flexibles y ajustarse a las condiciones reales.
Por su parte, Dailenys Rodríguez, especialista Comercial de Confecciones Entaya SURL, se refirió al impacto de los prolongados cortes eléctricos en el municipio de Camajuaní, Villa Clara, los cuales han imposibilitado el consumo total de la cuota asignada a la entidad.
Esta situación —explicó— afecta directamente el plan productivo; no obstante, la empresa ha dispuesto de un grupo electrógeno propio que opera durante casi toda la jornada laboral, permitiendo sostener los compromisos de producción asumidos.
Como consecuencia de esta contingencia, la entidad ha priorizado dos tareas fundamentales: en primer lugar, avanzar en el proceso para la importación de combustible y, en segundo término, dar los primeros pasos hacia la instalación de un sistema fotovoltaico. Ambas acciones -señaló Rodríguez— resultan estratégicas para garantizar la continuidad del proceso productivo y, sobre todo, para cumplir con los contratos vigentes, en especial aquellos destinados a la producción de vestuario laboral para entidades clave en la economía nacional, reafirmando así el compromiso de la empresa con su objeto social.
En el caso de Jolyni SURL, su presidente Jorge Félix Peraza Noriega explica que, al trabajar dentro de una fábrica estatal, no reciben visitas de la Unión Eléctrica. “La fábrica tiene su plan. Si hubiera una visita, sería a ellos, no a nosotros”. Sin embargo, los apagones también afectan su producción: “Cualquier corte de electricidad daña la calidad del producto y frena el proceso. Después, si no tenemos diésel para los grupos electrógenos, la producción se detiene por completo.
“La falta de energía y de combustible para producir alimentos trae efectos negativos. Lo único que se consigue es tener que importar más comida y que el país gaste más”.
Luces y sombras de una política impostergable
La decisión de extender los planes de consumo eléctrico a los actores no estatales constituye una respuesta estructural ante una realidad energética signada por la escasez, el alto costo del subsidio y el recrudecimiento del bloqueo.
Desde una perspectiva regulatoria, la política exhibe una arquitectura razonable: combina el establecimiento de topes con mecanismos de revisión personalizada, promueve la eficiencia energética y las fuentes renovables, y concibe el control no como fin en sí mismo, sino como vía para garantizar que un recurso subsidiado y limitado se destine prioritariamente a la producción y los servicios de valor económico y social.
Llevar esta política a la práctica, sin embargo, implica desafíos que deben ser atendidos con sensibilidad y agilidad. Los mecanismos de flexibilidad anunciados —como la posibilidad de solicitar revisiones del plan ante necesidades productivas— conviven con la necesidad de agilizar los trámites para el acceso a créditos y tecnologías que permitan a estos actores avanzar hacia su propia soberanía energética.
La experiencia inicial muestra que, más allá del acierto en el diseño normativo, el éxito de la medida dependerá de la capacidad de las instituciones para ejecutarla con celeridad, cercanía y una mirada atenta a las particularidades de cada territorio y cada actividad económica. Solo así se podrá cumplir el propósito esencial: proteger un recurso tan escaso como indispensable, sin frenar el impulso productivo del país.
