Nuevamente se comprueba que las tres principales agencias financieras calificadoras, Standard & Poor´s (S&P), Moody´s y Fitch, controladas por Estados Unidos y que poseen el 90 % del mercado mundial, actúan en muchas ocasiones con marcadas intenciones políticas contra países con sistemas que no son del agrado de Washington.

El hecho más reciente ocurrió con Sudáfrica cuando la Standard & Poor´s decidió rebajar la calificación de riesgo del país africano a bono basura (BB+) zona en la que se desaconseja la inversión con la cual Johannesburgo tendrá un alto riesgo de impacto y deberá pagar un interés más elevado para recibir un crédito.

Sin ningún pudor la Standard & Poor’s declaró que la baja de la calificación, de BBB- a BB+ se debió a que el presidente de la nación africana, Jacob Zuma, despidió a la mitad de su gabinete, incluido el ministro de Finanzas.

Llevarla a la categoría de bono basura significa que el actual escenario provocará en la nación más industrializada de África una eventual degradación cuyas consecuencias son: el aumento de los costos de préstamos, desestimulación de las inversiones y fuga de capitales.

El argumento, netamente político, alega que las divisiones en el Congreso Nacional Africano (CNA) han motivado cambios en el ejecutivo que ponen en riesgo la continuidad de la política económica de esa nación y como es lógico, no analizan los indicadores macroeconómicos ni sociales.

El cambio del ministro de Finanzas, Travín Gordhan, se debió a que durante meses estaba presionado por una restricción presupuestaria.

Por su parte, el nuevo titular del ramo, Malusi Gigaba, declaró en conferencia de prensa que si las propuestas de Gordhan se llevaban a efecto, sería un golpe a la economía y formarían parte de las presiones para que el presidente Jacob Zuma dimitiera.

Tras la rebaja de la calificación, el rand, la moneda sudafricana, cayó 3 % en relación con el dólar. No se descarta que las otras dos calificadoras, Moody´s y Fitch, se unan a Standard & Poor´s para tratar de acentuar la crisis en esa nación africana que forma parte del BRICS, (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) un Grupo al que Washington no mira con buenos ojos.

El pasado año a Rusia le fueron aplicadas similares medidas pues tras las absurdas sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea le impusieron las tres agencias, Fitch, Moody’s y Standard & Poors le rebajaron la calificación crediticia de BBB- a BB+, con la manifiesta intención de cercar económica y financieramente a ese país.

Venezuela resulta otro caso de gobierno democrático y nacionalista que por no estar en la órbita de Estados Unidos ha sufrido las mismas sanciones.

En 2016 a Caracas la llevaron a la calificación CCC+, una de las más bajas del mundo. En esa ocasión el presidente Nicolás Maduro afirmó “tenemos un bloqueo para impedirnos acceder a financiamientos, acción que tiene un amplio y profundo trasfondo político”.

Pese al presagio de las calificadoras de riesgos occidentales de que se avecinaba una inminente cesantía de pagos de deudas venezolanas, con el manifiesto interés de lograr un cerco a posibles créditos internacionales, la empresa Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) no ha dejado de pagar sus deudas y hace una semana canceló 2 060 millones de dólares a los tenedores de bonos con sus respectivos intereses.

Recordemos que en 2007 esas tres agencias fueron parte fundamental de la crisis financiera según lo confirmó en un informe la comisión de investigación sobre ese suceso.

Estas tres agencias financieras calificadoras poseen el 90 % del mercado y con sus imposiciones y ardides afectan las economías de naciones que políticamente desagradan a Washington.

La Standard & Poor´s, creada en 1860, tiene su sede en Manhattan, a pocos metros de Wall Street, y es 100 % propiedad de la editora estadounidense McGraw Hill. Entre sus grandes errores aparece que calificó con triple A a los bancos islandeses y a los paquetes de hipotecas subprime o basura, poco antes de que estos quebraran.

Por su parte, la Moody´s se fundó en 1909 para dedicarse a calificar la solvencia de los organismos, empresas, bancos y Gobierno a nivel internacional que necesiten evaluar su deuda pública. Esta agencia ha sido acusada de especular con los mercados y de atacar a economías latinoamericanas y europeas. También tiene su sede en Manhattan y el multimillonario Warren Buffet es uno de sus propietarios.

Y la Fitch, nacida en 1913, es consultora y agencia internacional de calificación crediticia con sede en Nueva York y Londres con más de 2 000 empleados.

Las evaluaciones establecidas por esos centros, basándose en la hipotética “fortaleza o debilidad” de las economías de los países, pueden ser desde Triple A, pasando por los distintos niveles A, de B, hasta una sola C. Aquellos a los que, por ejemplo, les otorguen categorías de CCC, CC o C, les será difícil recibir empréstitos o que alguna entidad compre sus deudas.

Las transnacionales financieras y otras importantes entidades se guían por los informes y proyecciones de esas tres instituciones (conocidas también como la “santísima trinidad”) cuando van a realizar una inversión en el sector privado o en una nación.

Como consecuencia, si esas agencias calificadoras rebajan la nota de alguna compañía o país, el capital no fluye hacia ese lugar y si lo hace, deberán pagar más intereses a los que osen poner dinero en sus bonos con el consecuente aumento de sus deudas.

Ante esa realidad, cada vez se hace más necesaria la creación de agencias calificadoras menos politizadas como la anunciada por el Grupo BRICS cuyo objetivo sería la de cambiar las reglas de juego del sistema financiero mundial.

El BRICS ha dado los primeros pasos en esa dirección, al crear su propio Banco de Desarrollo y una Reserva de Divisas para alejarse de los empréstitos que otorgan el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Esperemos que esa agencia entre en funciones lo antes posible y que también otros países puedan unirse para romper la hegemonía que desde hace décadas mantiene Washington sobre las calificadoras de riesgo.