Como era de esperar, al mismo tiempo se conoció que la oposición derechista argentina dio muestras de oponerse a la solución ofrecida por la mandataria, mediante la cual el abogado Tulio Zembo, representante de tenedores de deuda italianos que ingresaron al canje, llamó a convencer a todos los bonistas que es necesario cambiar de sede de cobro para que puedan obtener sus saldos sin intervenciones como la impuesta por el juez neoyorquino Thomas Griesa.

Gracias a este proyecto de ley, el Go­bierno argentino da fe de su compromiso a continuar cumpliendo las obligaciones contraídas en los acuerdos de reestructuración de 2005 y 2010, consideró el abogado en declaraciones a la prensa argentina.

Asimismo, Zembo criticó en duros términos al juez Griesa y dijo que es una locura estar de acuerdo con el fallo que declaró a Argentina en “default selectivo”.

De ser aprobada la iniciativa de Cristina, el Ministerio de Economía argentino está autorizado a “remover al Bank of New York Mellon como agente de pago de bonos de acreedores”, y designar “en su lugar a Nación Fidecomiso” en el Banco Central de la República, para llevar adelante esos compromisos.

Al efecto, el ministro argentino de Eco­nomía, Axel Kicillof, subrayó que el principal propósito de la ley es el pago soberano local ante las dificultades que presentó el sistema judicial norteamericano para realizar los cobros en Nueva York. Kicillof pidió evitar confusiones al indicar que no se trata de “un cambio de jurisdicción y mucho menos de un cambio de jurisdicción compulsivo”.

Ante críticas de la oposición, el titular recordó que “el incendio fi­nan­ciero” lo provocó en el país el default de 2001, y destacó que los bonos comprados por los fondos buitre en 2008 fueron emitidos en 1994.

“Son bonos heredados de la convertibilidad, que luego entraron al megacanje, cuya máxima expresión fue la crisis del 2001”, resumió Axel Kicillof. (S.E.)