Al Partido Popular (PP) del presidente español Mariano Rajoy se le han unido todas las dificultades, pero la mayor es la obstinación del gobierno de continuar y hasta profundizar el sistema neoliberal.

El país ibérico continúa dando tumbos sin poder salir del hueco pues durante ocho trimestres consecutivos la economía ha decrecido, lo que significa la recesión más larga de la historia y supera la de 2008 y 2009 que se extendió siete trimestres.

Pese a los irrebatibles números oficiales, el ministro de Economía, Luis de Guindos manifestó en una reciente entrevista que "la recesión ha quedado atrás", basado en que en el último trimestre el índice negativo fue de 0,1 %.

Aunque según De Guindos  durante "16 trimestres consecutivos", es decir, desde mediados de 2009, se han destruido puestos de trabajo.

El desempleo ha superado por primera vez en la historia los 6 000 000 de personas, de quienes 57,2 % son jóvenes.

Uno de los integrantes de la llamada Troika que ha obligado a España a tomar drásticos ajustes en la esfera social, el Fondo Monetario Internacional (FMI), ha declarado que el Producto Interno Bruto (PIB) de esa nación europea tendrá cifras negativas hasta 2015, cuando se supone que habrá una leve recuperación.

Si recientemente en Estados Unidos la ciudad de Detroit se declaró en bancarrota y otras como Washington y Nueva York amenazan con seguirles el paso al no poder saldar sus grandes deudas, en España ese peligro lo padecen varias comunidades y urbes entre estas Madrid, Jerez, León, Ceuta y Barbate.

Datos del Ministerio de Hacienda informaron que más de 500 municipios enfrentan graves problemas con las deudas públicas y aunque sin declararse oficialmente en quiebra, en estos momentos enfrentan una profunda fractura técnica.

Un estudio al respecto publicado por varios órganos de prensa españoles, indica que por la deuda total por habitante, el retraso en el pago a los proveedores o la deuda acumulada con la Seguridad Social, los municipios más afectados, sin posibilidades de recuperación son los citados anteriormente.

Con una deuda de 536 millones de euros, Jerez, en la provincia de Cádiz ya ha recortado todos los servicios públicos y cesanteado a cientos de empleados públicos.

Madrid, por su parte, cabalga con paso rápido hacia la bancarrota pues aparece como la ciudad del país más endeudada, con una cifra de 7 429 millones de euros. Esa es una de las razones por las que allí han ocurrido masivas protestas.

La ciudad autónoma de Ceuta tiene una deuda per cápita de 3 208 euros, y la total de su administración es de 269 millones de euros.

A 437 millones de euros asciende la de la comunidad autónoma de Castilla y León, por lo que las autoridades la declararon en quiebra técnica.

El pequeño municipio de Barbate, en la provincia de Cádiz, no sabe como salir de la suya, que rebasa los 250 millones de euros.

Otros datos indican que la crisis golpea con fuerza a la población, con gran incidencia en los menores de edad. El Instituto para la Infancia con sede en Galicia, señala que España es el país con más pobreza de Europa, después de Letonia y Rumania.

En Andalucía, cientos de niños no tienen en sus casas ni un euro para comer y solo en algunos colegios están subvencionando algunas plazas para que desayunen y almuercen.

La organización Caritas informó que por cada cuatro hogares, uno es directamente pobre y otro está en situación de alto riesgo.

Lejos de tratar de controlar la miseria diseminada por todo el país, las autoridades acaban de sancionar una ley que multa con 750 euros a los padres de los pequeños que se encuentren buscando basura en los contenedores. Ya suman miles los infantes que lo hacen.

Además de los numerosos recortes, reformas y ajustes sociales establecidos por presiones de la Troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo) ahora se impulsan las privatizaciones del patrimonio inmobiliario público.

En el ruedo aparecen en venta, 15 135 inmuebles del Estado, la mayoría pertenecientes a los ministerios de Hacienda y Defensa.

Según fuentes oficiales, hasta la fecha se han negociado edificios por valor de 90 millones de dólares, que han servido, en la mayoría de los casos, para pagar adeudos atrasados con la banca privada.

Entre las miles de edificaciones emblemáticas aparece el palacete del Paseo de la Castellana en Madrid, antigua sede de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; el anterior local de la Televisión Española en la capital; un aeródromo en Menorca y un cuartel militar.

Los críticos de esas medidas aseguran que este no es el momento de vender esas propiedades porque el mercado inmobiliario español se encuentra completamente deprimido y los precios son los más bajos de los últimos 25 años.

Pero al gobierno del Partido Popular le hace falta dinero para mantenerse en el poder y enriquecerse aún más a expensas del erario público.