Autor: Internet Publicado: 21/06/2021 | 09:41 pm
La urgencia de eliminar las cadenas de impagos, un viejo problema que daña la eficiencia del sistema empresarial cubano y el Presupuesto del Estado, fue el tema examinado por las comisiones de Asuntos Económicos y de Atención a los Servicios de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), reunida en jornadas previas al IV Periodo ordinario de sesiones en su IX Legislatura.
Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano, asistió al debate sobre los resultados de fiscalizaciones efectuadas en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios, en el que se concluyó que si bien han disminuido los saldos vencidos, tanto por cobrar como por pagar, estos continúan siendo elevados, lo cual expresa la complejidad del problema.
El titular de la Asamblea Nacional explicó que las cadenas de impagos implican a todos de una manera u otra y devienen en factores generadores de delitos por lo cual debe ser una tarea del pueblo que hay que enfrentar con prontitud y no dejar acumular más este asunto arrastrado durante años con un marcado daño a la economía.
Las acciones realizadas bajo la conducción de los ministerios de Finanzas y Precios, de Comercio Interior (Mincin), y del Banco Central de Cuba han incidido favorablemente en la solución de este mal arrastrado por la economía ya demasiado tiempo.
Las direcciones de ambas comisiones sostuvieron encuentros con directivos de varios esos organismos, más del Tribunal Supremo Popular y las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial de alta implicación en la cadena de impagos, entre estas el Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, el Grupo Ganadero y el de Empresas Mayoristas de Productos Alimenticios.
Según dio a conocer María del Carmen Concepción, presidenta de la Comisión de Atención a los Servicios, el informe precisa que al cierre de septiembre de 2019 las cuentas y efectos por cobrar en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios ascendían a 2 284 millones de pesos, cifra que incluye las cuentas en litigio y en proceso judicial, de las cuales están vencidas 1 081 millones, el 47% del total, inferior respecto al 2018 en 247 millones de pesos.
La fiscalización abarcó todas las provincias y se contactó con alrededor de 1 300 personas. Entre las entidades que presentan la situación más desfavorable sobresalen las empresas mayoristas de productos alimenticios de Santiago de Cuba e Isla de la Juventud, y las minoristas de Artemisa, La Habana, Matanzas, Cienfuegos y Granma.
En las empresas mayoristas y minoristas, las únicas provincias que no tienen cuentas por cobrar y pagar vencidas son Pinar del Río, Villa Clara, Las Tunas y Holguín.
Los graves efectos de las cadenas de impagos en el sector empresarial se extienden y alcanzan hasta los productores, a los que se les adeudan más de 50 millones de pesos.
En los controles efectuados por los diputados se citan incumplimientos de atribuciones y obligaciones de los cuadros y directivos con el seguimiento a esta actividad, así como se manifiestan indisciplinas y falta de control de los jefes principales al proceso de conciliación y a la no renegociación oportuna entre clientes y proveedores.
En la mayoría de los fiscalizados, aunque se identifican los riesgos que impactan en la disciplina de cobros y pagos, las medidas no son precisas o no aparecen en el plan de prevención. Y, como se subraya en el documento, el elevado número de delitos, por falta de control, ha impactado en la descapitalización de varias empresas.
La Contralora General de la República de Cuba, Gladys María Bejerano Portela, señaló que es hora de resolver estas situaciones que persisten por tanto tiempo y dificultan los resultados económicos e instó a insistir en resolver las causas y consecuencias de los problemas integrando los procesos.
Ilustró con las reuniones en que se analiza la circulación de los productos y no se concilia el ingreso con la producción o la circulación mercantil, o el chequeo de los ingresos sin relacionar la cantidad o los tipos de productos.
Son millonarias las cifras de dinero perdido o desviado, y se pueden apreciar hechos delictivos y de corrupción, incluso, cadenas delictivas organizadas y estructuradas, lo cual hace cada día más grave este asunto, alertó la Contralora.
