Autor: Reuters Publicado: 21/06/2021 | 09:46 pm
La rebelión popular se ha desatado por toda Colombia por los desatinos económicos y políticos cometidos por el gobierno de Iván Duque, lo cual ha obligado a la población a reclamar sus derechos con manifestaciones pacíficas en las calles.
Cada día aumentan las organizaciones sociales, obreras, indígenas y de ex guerrilleros que se unen a las protestas desde que el pasado 21 de noviembre se decretó el paro nacional contra del llamado paquetazo de Duque.
El gobierno, como ya es habitual, ha respondido con allanamientos a organizaciones sociales y con fuerte presencia de los cuerpos de seguridad del Estado en las calles, lo que ha sido catalogado por los manifestantes como tratamiento de guerra, persecución y criminalización de la protesta.
Las razones de este largo paro nacional se motivaron por las nuevas medidas neoliberales que decretaría el gobierno entre las que aparecen la imposición de un salario mínimo diferente según la productividad de cada región; bajar el salario mínimo hasta 75 % para los jóvenes que tienen menos de 25 años e imponer la contratación del personal por horas.
Asimismo, los ciudadanos rechazan una reforma en las pensiones para convertirlo en un fondo privado. No aceptan que se cree un holding estatal de servicios financieros, o sea, una agrupación de empresas estatales vinculadas al sector que aportarían al mercado y que dejarían de tener control directo del Estado lo que representa para las organizaciones sociales una privatización encubierta.
Se impondría, además, una rebaja impositiva a grandes empresas y transnacionales que ya tienen de por sí grandes descuentos tributarios. También se tiene previsto un tarifazo en el precio del servicio eléctrico para algunos consumidores que se ubicaría en 35 %.
Como ocurre en estas economías neoliberales impulsadas por Estados Unidos y organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Colombia es uno de los países que más va a crecer en la región, pero al pueblo no le benefician esas riquezas.
Mientras el Producto Interno (PIB) de América Latina será en promedio 0,2 %, la economía colombiana lo hará en 3,3 % según estimaciones del FMI, pero actualmente el desempleo se mantiene en 10,2 % y entre los jóvenes de 14 a 28 años, aumentó del 16,5 % a 18,1 %.
Organizaciones gremiales afirman que 64 % de los colombianos trabaja en la informalidad; 18 % en labores ilegales, mientras 89 % de los asalariados no tienen protección social y 47,1 % ganan menos del salario mínimo legal.
Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, solo superado por Honduras, y de los 43 millones de habitantes, 22 millones están en condiciones de pobreza.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en 2012 se acrecentó la fuga de capitales, aumentó la privatización de servicios esenciales como electricidad, agua, educación, salud y se redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías subsidiadas procedentes de Estados Unidos.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informó que entre 2016 y 2019 ingresaron 1 200 000 personas en la categoría de pobreza multidimensional y entre las poblaciones más afectadas se encuentran Guainía, Vaupes, Vichada, La Guajira y Chocó.
Datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) señalan que de 2012 a 2018 la deuda externa estatal se duplicó de 12,5 % a 25,2 % y la deuda externa privada de 8,8 % a 18,6 %. Las dos suman en total 44 % del PIB, 24 % más que hace seis años.
En el paro nacional y las manifestaciones, los sectores estudiantiles, sindicales y sociales reclaman la aplicación de leyes a favor de la población que han sido incumplidas por el Gobierno.
Entre estas aparece un acuerdo firmado en diciembre de 2018 por Duque con 32 universidades mediante el cual el presupuesto tendría una subida de 1,2 billones de pesos en los próximos cuatro años y hasta la fecha el dinero no ha aparecido.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) denuncia la ausencia de garantías para ejercer la docencia en el país pues más de 70 maestros están bajo amenaza de muerte por grupos ilegales y paramilitares.
El partido Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) apoyó las manifestaciones para condenar el bombardeo donde murieron por lo menos ocho niños en Caquetá, así como denunciar los asesinatos de 52 indígenas, 155 líderes sociales y más de 50 ex guerrilleros desmovilizados en este año.
El pueblo colombiano se ha cansado de soportar gobiernos neoliberales al servicio de Estados Unidos y sale masivamente a las calles a reclamar sus usurpados derechos humanos aunque, la tarea será ardua y sangrienta pues la oligarquía derechista nacional está dispuesta a reprimir con furia a sus ciudadanos para que no disminuyan sus prebendas.
Los colombianos comienzan a despertar y refutan con mayor fuerza los cantos de sirena del neoliberalismo.
