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Semanario Económico y Financiero de Cuba

¿Volverá el corralito para los argentinos?

Argentina se convirtió a finales de la década de 1980 en el experimento más extremo de las políticas neoliberales impuestas en la región. Buenos Aires sufrió un profundo déficit comercial, que se remediaba con la venta de las entidades de producción y de servicios públicos

Aun sin haber jurado el cargo de presidente de Argentina, Mauricio Macri empezó a sacar la uñas en contra de la integración latinoamericana y a favor de las mismas leyes neoliberales que pusieron en grave crisis económica al pueblo argentino a finales del siglo XX y principios del XXI.

A pocas horas de su victoria electoral durante una conferencia de prensa arremetió contra la República Bolivariana de Venezuela a la que trata de sacar del Mercado Común del Sur (Mercosur), acusándola de perseguir a opositores y no respetar la libertad de expresión.

Macri está en completa sintonía con la política de Estados Unidos contra Venezuela y desde ya se ha convertido en la llave de la Casa Blanca para intentar desmontar la integración latinoamericana que se ha reforzado en los últimos 15 años con la aparición de gobiernos progresistas y nacionalistas.

Días antes, en una alocución durante la campaña electoral, había expresado que su futura gestión estaría encaminada contra el Gobierno de Cuba si este no avanza en su proceso de apertura y un acuerdo con Washington.

A todas luces, Macri desea convertirse en el peón de Estados Unidos (como lo fue su ídolo y expresidente Carlos Ménem) para contrarrestar a los gobiernos progresistas y soberanos, y a las organizaciones integracionistas como la Comisión Económica Latinoamericana y Caribeña (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Desde hace tiempo, y en línea directa con la Casa Blanca, Macri ha estado articulando acciones con la ultraderecha venezolana, así como con países y medios de prensa occidentales para influir en una posible defenestración del presidente Nicolás Maduro.

En cuanto a la política nacional, todo parece indicar que los logros de las administraciones Kirchner (Néstor y Cristina) desde 2003 cuando sacaron a la Argentina de una de las crisis económico-sociales más profundas de su historia, se encaminan a revertirse.

No ha sido sorpresa que en el gabinete del futuro presidente se haya nombrado a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad, la misma persona que siendo ministra de Trabajo en 2001, durante la administración de Fernando de la Rúa, recortó un 13 % los salarios de los empleados estatales y las jubilaciones, que afectaron al 16 % de los jubilados.

Recordemos que De la Rúa, en diciembre de ese año, huyó de la Casa Rosada en helicóptero debido a las numerosas manifestaciones en su contra cuya represión policial dejó en ese momento 38 muertos y cuantiosos heridos.

Durante el año que Bullrich ejerció la cartera de Trabajo (octubre de 2000 a octubre de 2001) se registraron las mayores tasas de desempleo, cierres de empresas, personal suspendido y recortes de horas laborales que hayan tenido en toda la historia reciente de Argentina. Cuando llegó al cargo en octubre de 2000, el desempleo era de 14,7 %, al renunciar era de 18,3 % y dos meses después del 30 %.

Argentina se convirtió a finales de la década de 1980 en el experimento más extremo de las políticas neoliberales impuestas en la región. En el período del presidente Carlos Ménem (1989-1999) se implantaron las directrices del Consenso de Washington a instancias del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), referentes a priorizar el libre mercado y las privatizaciones.

Ménem abrió los servicios y la industria al capital extranjero y permitió la importación indiscriminada de mercancías con lo cual el país se dirigió hacia la debacle económica pues la moneda argentina tenía el mismo valor del dólar y los productos importados eran más baratos que los nacionales lo cual afectaba las exportaciones.

Buenos Aires sufrió un profundo déficit comercial, que se remediaba con la venta de las entidades de producción y de servicios públicos.

Como consecuencia lógica, la inversión extranjera disminuyó al no existir empresas para privatizar ni crearse nuevas industrias y servicios. De esa forma, se incrementó el endeudamiento comercial y público, se paralizó el país, lo que fue acompañado de masivas y prolongadas manifestaciones populares.

Los bancos dejaron de funcionar y congelaron el dinero de los acreedores, instaurándose el llamado corralito bancario. La deuda externa se elevó a 95 000 millones, el desempleo a más de 30 % de la población; mientras el hambre y la miseria alcanzaron a la mitad de sus 38 millones de habitantes.

Fue a partir de 2003, cuando Néstor Kirchner tomó las riendas de la Casa Rosada, (seguido cuatro años después por Cristina Fernández) que el país comenzó a revertir la profunda crisis económica al aplicar una nueva política económica.

El crédito presupuestario del Ministerio de Desarrollo Social en 2003 era de 1 781 millones de pesos, y pasó en  2014 a 35 972 millones de pesos; las pensiones asistenciales a 180 000 personas en 2003, llegan ahora a 1 400 000 ciudadanos; las madres de 7 hijos, que cobraban 150 pesos, hoy reciben 2 180 pesos, y las pensiones de vejez e invalidez saltaron de 105 pesos, a 1 565 en la actualidad.

Más de 3 500 000 niños y adolescentes de 1 700 000 núcleos familiares (desocupadas o con salario mínimo) reciben ayuda del programa Asignación Universal por Hijo que estipula desde 2009 que cada menor debe asistir al colegio y mantener su calendario de vacunas y servicios de salud cubierto.

Con la reindustrialización se expandieron los sectores automotriz, siderurgia, metalmecánica, software, lo que permitió sustituir importaciones por más de 15 000 millones de dólares.

En la agricultura se aprobaron inversiones que colocan a la Argentina al frente de los países de mayor avance tecnológico con récord de producción lechera, maíz y trigo.

La lista es interminable lo cual demuestra que la economía Argentina se ha fortalecido durante los mandatos de los Kirchner y sus 40 millones de ciudadanos reciben los beneficios de un gobierno que desechó las medidas neoliberales que durante casi dos décadas afectaron a su pueblo y al desarrollo del país.

La gran incógnita ahora será si Macri mantendrá los programas sociales para bien de todos los argentinos o apostará para que los ricos acumulen más capitales; el neoliberalismo avance desmesuradamente como en tiempos de Ménem y vuelvan a surgir los corralitos bancarios y las manifestaciones de protestas.