Autor: AFP Publicado: 21/06/2021 | 09:34 pm
En América Latina y el Caribe, la noticia compartió titulares con el dramático y cotidiano éxodo de personas desde África y Asia rumbo a Europa y su inevitable saldo de víctimas fatales: El ex general Otto Pérez Molina se vio obligado a renunciar como presidente de la República el jueves 3 de septiembre para enfrentar acusaciones sobre su participación en una red que cobraba millonarios sobornos a empresarios y promovía hechos delictivos de contrabando en el Sistema Nacional de Aduanas.
Ese mismo día, el Congreso guatemalteco tomó juramento como presidente interino al abogado Alejandro Maldonado Aguirre, quien había asumido la vicepresidencia en mayo pasado tras la renuncia de la periodista y ex diputada Ingrid Roxanna Baldetti Elías, inculpada por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, quien fuera trasladada al Centro de Detención Preventiva para Mujeres Santa Teresa el pasado 2 de septiembre. Poco después, Pérez Molina corrió igual suerte al ser confinado en el cuartel de Matamoros.
En abril de 2015 el secretario privado de la vicepresidenta fue acusado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cigig) de liderar una poderosa banda dedicada a defraudar al fisco guatemalteco, calificado como el caso de La Línea. Miles de escuchas telefónicas apuntaron a que los seudónimos La R, La 2 y La Señora respondían a Roxanna Baldetti, a quien se le inició el trámite de antejuicio el 6 de mayo.
El 20 de agosto de 2015, la policía incautó en su mansión del elitista residencial capitalino Los eucaliptos, numerosos teléfonos móviles y computadoras, dada su posible vinculación con el caso La línea; acto seguido fue puesta bajo custodia, culpada de asociación ilícita por los cargos antes mencionados.
“Este país ha sido dividido por la violencia, por la tragedia, por el engaño”, había reconocido en una entrevista a principios de mes la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y agregaba: “Esta vez nos movió profundamente la indignación, y lo que pasó es que se agitó el tapete de la impunidad, este tapete que estaba incrustado en todas las instituciones y que no había formar de tocarlo”.
El personaje central de la presente historia, el ex general Otto Pérez Molina, proviene del castrense escuadrón contrainsurgente Kaibil. Y recordaba la líder indígena guatemalteca: “Si él va a la cárcel -aún no se había producido su detención-, tiene miedo que no solo de ser juzgado por corrupción (…), sino también por un pasado en el cual se está acabando un ciclo de tiempo para quienes perpetuaron el genocidio, las matanzas durante la guerra civil de 1960-1996”… Y este periodista acota: 200 000 muertos y alrededor de 45 000 desaparecidos, un millón de desplazados internos y más de 600 poblados y aldeas masacradas.
A solicitud de un juez que le dictó prisión provisional, Pérez Molina ingresó en una cárcel militar, más para proteger su integridad física ante al irrefrenable descontento popular contra su persona que para evitar su fuga. Cabe recordar que al ex presidente no solo se lo acusa de corrupción, también se le investiga por su pasado reciente como antiguo general partícipe y responsable en exterminios de pueblos indígenas.
Precisamente un par de años atrás, gracias a su complicidad y la de sectores del Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional de Guatemala anuló la sentencia dictada por una corte penal al dictador José Efraín Ríos Montt, condenado a 80 años de cárcel por genocidio y delitos de lesa humanidad. No fue casual que durante su mandato, entre 1982 y 1983, se produjera la matanza de 1 771 indígenas de la etnia Ixil, en distintos operativos efectuados por el ejército en el departamento norteño de Quiché.
Respetados analistas coinciden en un hecho: hoy día en Guatemala no hay lugar para la indignación, sino para el cambio radical y ciertamente no se reduce a reclamar contra la impunidad. En todo caso, este es un efecto y no una causa, y lo que se precisa ahora es revertir las causas. El cambio de “actores principales” no determina, se va un Otto y viene otro bajo la sombra protectora del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, del BID, la Usaid y las tantas ONG que sí apoyan y manipulan desfachatadamente a determinados gobiernos del área.
Esta es la “institucionalidad” que defiende e impone las supuestas políticas y estrategias para el desarrollo, la democracia, la gobernabilidad, y cual fichas de un descomunal tablero, quita y pone presidentes, congresistas o financia partidos y candidatos presidenciales. En conclusión: definen el carácter, alcance y manipulación de las elecciones.
Turbulencia institucional
Aunque detonado varios meses atrás, la turbulencia institucional que convulsiona por estos días a Guatemala fueron insistentemente denunciados por diversas organizaciones nacionales e internacionales presentes en ese país, en particular por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), constituida en 2007 como órgano independiente con el apoyo de las Naciones Unidas y que había expresado su reconocimiento, a fines de octubre de 2012 cuando el Congreso de ese país aprobó la Ley contra la Corrupción.
Un reciente informe de la Cicig publicado en julio de este año, El financiamiento de la política en Guatemala, revela conclusiones muy críticas acerca de las consecuencias de la corrupción en el entramado del poder económico y el sistema electoral y partidario.
Subraya el documento que en Guatemala, “los gastos en las campañas electorales son excesivos y desproporcionados. Los partidos con expectativa de éxito electoral son quienes exceden en gastos de campaña sin explicar el origen de los fondos. La mayor parte del financiamiento ilícito de la política procede de la corrupción, lo que ha moldeado el sistema de partidos”.
Según la misma fuente, permanece invariable el agravante de que “los porcentajes de impunidad de delitos electorales son de 95 % a 100 %. Esto permite aseverar que Guatemala es un país propicio para cometer delitos electorales y no sufrir ninguna consecuencia”.
Si no lo hace bien, también lo sacamos
Así rezaba una de las tantas pancartas esgrimidas por quienes protestaban el domingo 6 de septiembre, día de las elecciones en Guatemala. Entre decenas de candidatos a la primera magistratura, el de mayor resonancia es el actor, escritor, productor y director de televisión Jimmy Morales, de 46 años, secretario general del partido Frente de Convergencia Nacional (FCN) desde 2013.
El también popular comediante e “inclasificable y explosivo”, según algunos medios, se alzó con la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, aunque deberá esperar al 25 de octubre para conocer si funcionó “la cara amable de la antipolítica, la de un humorista de sal gruesa, conocido por su programa televisivo "Moralejas”… según el buen decir de la prensa.
Para los expertos nativos y foráneos, su ascenso constituye la principal sorpresa de estos comicios, no obstante, estos consideran que detrás de tan paliativa actitud, afloran intereses poco claros y el que resulta preocupante en extremo se traduce en el apoyo de los sectores más radicales de las Fuerzas Armadas. Solo un candidato podría opacar su rutilante estrella, Manuel Baldizón, el único con capital suficiente para mantener esta carrera de casi dos meses por la silla presidencial.
Manuel Antonio Baldizón Méndez, de 45 años, abogado y multimillonario empresario hotelero, fundador y secretario general del partido político Libertad Democrática Renovada, es una suerte de complemento directo -similar al FCN- del sistema guatemalteco: un universo dominado por formaciones sin ideologías definidas y que deviene trampolín a sus líderes. Por cierto, su vicepresidente en la listilla electoral, Édgar Barquín, ha sido señalado por el Ministerio Público y la Cicig de integrar una red de lavado de dinero.
Ahora bien, muchos conocen a Baldizón como Doctor Copy and Paste (copiar y pegar) luego de presentar su libro Rompiendo paradigmas, en la librería Sophos y destaparse que varios capítulos habían sido plagiados de otros autores y de sitios de Internet. Ante tamaña falta de ética, fue sancionado y obligado a transformar el texto y hacer referencia a los pasajes de donde copió los párrafos y frases.
Con aspiraciones nulas de convertirse en mandataria aparece Sandra Julieta Torres Casanova, de 59 años de edad, ex primera dama de la República cuando era esposa del entonces presidente Álvaro Colom Caballeros, quien gobernó a Guatemala desde el 4 de enero de 2008 al 14 de enero de 2012.
Más de la mitad son pobres
Con una población estimada el pasado año, en casi 15 900 000 habitantes, el nivel económico de la población guatemalteca es medio bajo, donde más de 50 % está por debajo del umbral de la pobreza y 15 % en esa fatídica pobreza extrema.
Tradicionalmente el sector mayor en la economía es la agricultura, y continúa siendo el principal exportador mundial de cardamomo, el quinto de azúcar y el séptimo productor de café. La esfera del turismo, aparece como segunda generadora de divisas para el país tras las remesas de los emigrantes; también la industria resulta una importante rama, en lo fundamental relacionada con el ensamblaje ligero y procesamiento de alimentos, dirigidos a los mercados domésticos de Estados Unidos y Centroamérica.
Finalmente, la esfera de servicios está aumentando su influencia, en una economía dominada por el segmento privado, que genera alrededor de 85 % del Producto Interno Bruto, y donde la agricultura contribuye con 23 % del PIB y constituye 75 % de las exportaciones.
