Autor: Internet Publicado: 21/06/2021 | 09:33 pm
Con seguridad se puede afirmar que después de Cuba, que ha resistido 56 años, ninguna otra nación de América Latina ha sufrido y enfrentado una guerra económica, política y mediática tan violenta como la impuesta a Venezuela.
El ataque contra la Revolución Bolivariana por la oligarquía criolla, bajo la dirección y el apoyo de Estados Unidos, se ha enfilado hacia todos los sectores de la economía, con la participación de los medios de comunicación de la derecha, que inventa y divulga constantes campañas difamatorias.
Desde que en 1999 el presidente Hugo Chávez llegó al poder, las fuerzas de derecha conspiran para tratar de derrocar al gobierno (encabezado a partir de abril de 2013 por Nicolás Maduro) pese al apoyo mayoritario del pueblo al sistema bolivariano.
Venezuela se ha convertido en el punto de mira de la política estadounidense para intentar doblegar la resistencia que ha surgido por toda América Latina contra el hegemonismo que las distintas administraciones yanquis han mantenido sobre la región desde hace más de un siglo.
Chávez y Maduro, con programas en beneficio del pueblo, han logrado junto a Cuba (que durante 56 años ha ofrecido un ejemplo de resistencia, independencia soberana y de ayuda solidaria desinteresada) levantar a los pueblos de la región que están dando la batalla por la verdadera independencia que soñaron Bolívar, O’Higgins, San Martín y Martí.
La desesperación de la Casa Blanca se incrementa porque Venezuela, con la mayor reserva de petróleo en el mundo, recuperó ese recurso que antes era explotado por las transnacionales y llevado principalmente hacia EE.UU; e impulsa con esos dividendos numerosos proyectos sociales que han bajado abruptamente la pobreza en el país, y a la par ofrecen a la población salud, educación y otros servicios gratuitos.
Contra Caracas se han utilizado las más disímiles acciones, desde estimular a la oposición derechista interna, el fallido golpe de Estado y el intento de colapsar la producción petrolera, hasta las falsas imputaciones sobre supuesta violación de los derechos humanos o de falta de democracia.
En sus planes, la Casa Blanca acusa de terrorista al país bolivariano, de participar en el narcotráfico, apoyar a las guerrillas colombianas y de todo cuanto pueda tratar de desprestigiar internacionalmente al gobierno de Maduro.
Para inducir un malestar general en los venezolanos, las fuerzas de derecha, en concordancia con empresarios privados y contrabandistas pagados, han lanzado desde hace meses una fuerte ofensiva para crear desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad dentro del país, pese a las grandes sumas de dinero que el Gobierno dedica a la compra de mercancías.
El contrabando de alimentos y derivados del petróleo hacia Colombia se acrecentó con la actuación de mafias que los sacaban por los disímiles pasos existentes a lo largo de la frontera, pero el gobierno venezolano lanzó una fuerte ofensiva y muchas de esas acciones fueron controladas.
Ahora la carestía de productos es provocada por empresas distribuidoras privadas que los acaparan en grandes cantidades.
En línea directa con esa política desestabilizadora, en diciembre de 2014, Estados Unidos decretó medidas económico-financieras contra la República Bolivariana, y a principios de febrero de este año impuso otras para ir cerrando el cerco económico contra la administración de Maduro.
La justificación de Washington para ese proceder es la presunta violación de los derechos humanos por Caracas durante las protestas violentas registradas en el país en el primer semestre de 2014, convocadas por la oposición nacional, con un saldo de 43 fallecidos y más de 800 lesionados y que según denuncias del Gobierno venezolano, los sectores ultraderechistas que las protagonizaron recibieron financiamiento por parte del Departamento de Estado del vecino norteño.
Es contraproducente que Estados Unidos, luego de comprender el fracaso de su política de sanciones y bloqueo llevada a cabo contra Cuba durante más de 50 años, emprenda nuevas sanciones económicas contra Rusia y Venezuela simplemente porque esos países rechazan las presiones y la política de Washington.
Ante estas acciones injerencistas, las organizaciones progresistas recién surgidas en la región como Unasur y Celac, y otras internacionales como la de los Países No Alineados han dado pleno apoyo a la Revolución bolivariana.
Recientemente, Maduro proporcionó al secretario general de Unasur, Ernesto Samper, datos e información, alguna muy confidencial de elementos muy preocupantes y pronunciamientos de portavoces del Pentágono y del vicepresidente de la nación norteña, Joseph Biden, relacionadas con el decursar de la Revolución Bolivariana.
En este contexto, se conoció que el Strategic Studies Institute, (SSI), un órgano del Pentágono, indicó que Venezuela ocupa un lugar central en el control estratégico de América del Sur y la parte sur del Caribe.
El petróleo, su ubicación geográfica privilegiada, sus recursos humanos y físicos, y su posición equidistante de las potencias transatlánticas, han convertido a ese país en un eje trascendental de la política exterior de Estados Unidos.
Una reciente encuesta realizada por la firma privada Hinterlaces señaló que 84 % de los venezolanos responsabiliza al empresariado local de la situación de acaparamiento, especulación y contrabando impuesta a la nación y considera que el Gobierno de Maduro debe poner mano dura contra los culpables de la crisis generada por la guerra económica impuesta por la extrema derecha.
Para la oligarquía nacional y el gobierno estadounidense es inaceptable que Venezuela forme parte de los nuevos cambios progresistas que han tenido lugar en América Latina, y haya dejado de ser el patio trasero de Washington.
