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Semanario Económico y Financiero de Cuba

Una estrategia socioeconómica que potencia el desarrollo territorial

Como prioridad se mantiene la producción de alimentos, impulsora de fuentes de empleos y se toman las experiencias de trabajo de los ya consolidados proyectos de desarrollo local

Contar con una política para impulsar el desarrollo territorial  significa confiar en las potencialidades municipales, una estructura que en Cuba se reconoce como una pieza clave dentro de la nueva estrategia socioeconómica ya en implementación, de acuerdo con recientes declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canel ante el Consejo de Ministros, quien subrayó así una necesidad refrendada en la Constitución de la República.

En comparecencia televisiva el Vice Primer Ministro y titular de Economía y Planificación (MEP), Alejandro Gil Fernández, informó sobre el tema al explicar que el primer paso para implementar esa Política es la creación de un programa bien diseñado sin improvisaciones y  respaldado por un decreto que favorezca su aplicación a partir de aprovechar los recursos endógenos del territorio.

Como prioridad se mantiene la producción de alimentos, impulsora de fuentes de empleos y se toman las experiencias de trabajo de los ya consolidados proyectos de desarrollo local, con importantes resultados en algunas provincias donde se han incorporado los centros universitarios, por ejemplo en el diseño de las iniciativas. 

Para buscar una mayor articulación, sobre bases más sólidas y consensuadas, se han involucrado en el diseño de esa Política, actores tan determinantes como la academia, el Instituto de Planificación Física, el Ministerio de Educación Superior y otros Organismos de la administración del Estado.

El titular del MEP precisó que es el municipio, el lugar donde todo se hace; y es ahora el momento adecuado para proponer una política de desarrollo territorial que tenga en cuenta las experiencias y el conocimiento acumulado, e incluir otros conceptos más innovadores para lograr algo cualitativamente superior, además de hacer un mejor uso de los recursos financieros y humanos de que se disponen, y aprovechar el vasto potencial científico.

Se trata de establecer límites, principios, e incluso incentivos, desde normativas que estarán respaldadas por un Decreto para implementar lo estipulado, ya que se van a transferir determinadas competencias y todo esto debe tener un ordenamiento y respaldo jurídicos.

Al resumir los propósitos esenciales que distinguen la política, señaló que el desarrollo territorial se dirige a aprovechar al máximo los recursos endógenos del territorio, es decir las tierras, el andamiaje industrial y la ciencia, con el fin de enfrentar los más disímiles retos desde el potencial territorial, para lograr un desarrollo que mire hacia adentro y no hacia arriba, y que no acuda a las importaciones.

Se insta a elevar la calidad de vida con sostenibilidad, y acudir a los proyectos como vía fundamental para la materialización de la estrategia del municipio, a partir de la idoneidad de estos; claro está que para impulsar la estrategia de desarrollo territorial se requiere de capacitación, innovación e investigación. 

Puntualizó el Vice Primer Ministro que los proyectos de desarrollo local tributan a la estrategia municipal y provincial, y junto a la concepción económica debe establecerse un enfoque sociocultural y comunitario. 

Insistió en la prioridad que tienen hoy las producciones para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, en particular las relacionadas con el sector alimentario por la urgencia de concretar soluciones, así como la posibilidad de la Política de elevar la capacidad de generar empleos, y evitar así los riesgos que implica la movilidad, además de aprovechar mejor los recursos laborales, un gran desafío para los gobiernos locales.

Otras de las novedades de esa Política se refieren a su diseño amplio y flexible, para eliminar todas las posibles trabas. Por ejemplo, en los proyectos de desarrollo local pueden ser titulares las entidades estatales, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, los trabajadores por cuenta propia, las instituciones asociativas reconocidas en el país, así como las organizaciones de masas e, incluso, otras formas de propiedad como la micro, pequeña y mediana empresa. 

Se promueve que todas esas formas puedan combinarse y unirse para una producción determinada o la prestación de un servicio, con el fin de satisfacer un objetivo en el territorio, sin necesidad de constituir una nueva persona jurídica, pues de lo que se trata es de aprovechar al máximo las potencialidades que tiene el país ya que juntos podremos enfrentar la compleja situación económica actual en Cuba y el mundo.

Se refirió a la diversidad de fuentes de financiamiento, desde el aporte de capital propio en función de lograr un objetivo común hasta el uso de la contribución territorial o los créditos bancarios que luego deben ser amortizados.

Indicó el Ministro que también puede participar el Presupuesto del Estado que actúa no solo como instrumento de redistribución o de financiación del gasto público, sino de incentivo y fomento de la actividad productiva. Y se admite incluso la posibilidad de utilizar fondos del gobierno destinados al desarrollo, y donativos o contribuciones internacionales.

Sobresalen en la Política los incentivos autorizados para la estrategia de los territorios como es el caso de proyectos sin figura jurídica propia los cuales podrán retener para su aprovisionamiento, un porcentaje de la divisa que generen. “Divisas que se pueden obtener exportando o encadenándose con empresas enclavadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel”, precisó.

Los proyectos van a disponer del 50 % de la utilidad después de impuesto para reinvertir en el propio designio, tal como ocurre en la empresa estatal socialista y el resto de la utilidad se podrá utilizar como fuente de financiamiento para impulsar otras iniciativas de desarrollo local. 

También señaló que los precios no serán centralizados sino que se establecerán entre las partes en el territorio y habrá autonomía para fijarlos, además de que se prevé articular mecanismos financieros que permitan crear fondos e incentivar otros proyectos mediante fideicomisos.

Además habrá una remuneración para los protagonistas en esos proyectos, ya que sus impulsores podrán recibir un pago adicional al salario a partir de los resultados de esos planes, que implican la necesidad de una correcta capacitación de los actores socioeconómicos involucrados y que auguran su éxito a pesar de la compleja coyuntura mundial y el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la Mayor de las Antillas.