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Clave estratégica

Las inversiones extranjeras directas pactadas desde  2014 hasta el cierre de 2017 han comprometido capital por un monto de 2 000 millones de dólares


Martes 04 de Septiembre de 2018 | 12:00:00 AM 

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No parecen las inversiones extranjeras el asunto que más dudas motiva en los cubanos hoy, pese a ser un tema polémico por historia y naturaleza. Otras novedades del proyecto de Constitución se han robado la atención en el debate público. La necesidad de mayor participación directa de empresas de otros países en producciones y servicios de Cuba goza de un consenso creciente en la sociedad.

Cuando la Carta Magna sujeta a cocción popular postula que «el Estado promueve y brinda garantías a la inversión extranjera, como elemento importante para el desarrollo económico del país…», no se limita a reproducir conceptos de documentos políticos previos –Lineamientos y Conceptualización del modelo económico y social–. Sigue también una ruta de anuencia social ganada por esa política, probablemente superior a los beneficios que ha tributado al país por el momento.

Las inversiones extranjeras directas pactadas desde  2014 hasta el cierre de 2017 han comprometido capital por un monto de 2 000 millones de dólares, según el último dato aportado por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera (Mincex). Sin embargo, la meta es alcanzar una cantidad similar cada año. ¿Se logrará? No son pocos los nubarrones que amenazan. Llegan desde el exterior, con el sello del bloqueo económico estadounidense, recrudecido contra la actividad financiera externa de este país, según la última versión del informe que cada año presenta Cuba ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Pero las trabas emergen también desde adentro, entre montañas de papeles y expedientes.

Una operación legislativa anunciada a inicios de agosto confirma insatisfacciones puertas adentro, por más que el bloqueo sea el obstáculo principal. El gobierno emprendió ajustes de la legislación para eliminar agonías burocráticas que entorpecen las gestiones y demoran las decisiones al negociar con empresas foráneas.

Un decreto del Consejo de Ministros (No. 347) y un trío de resoluciones –dos del Mincex y otra del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social– modifican disposiciones complementarias a la Ley 118 de Inversión Extranjera. Las nuevas normas anulan algunas exigencias preliminares que tenían efecto retardatorio, como el estudio de factibilidad de la inversión que los socios debían incluir en el expediente que presentan al Mincex. En cambio, incorporan como regla la definición previa de los aportes iniciales que cada parte haría al capital social de la empresa mixta o asociación, y las fechas en que harían tales desembolsos.

¿Imprimirán estos pasos mayor velocidad al proceso inversionista y a la entrada del capital foráneo? Los primeros efectos quizá puedan atisbarse antes de que concluya el año. Es posible. La duda que tengo es otra. En abril del 2014 fue cuando se refrendó la Ley 118 cuyas disposiciones complementarias se modifican ahora, cuatro años después. Las trabas de origen interno que refrenaban la aprobación de inversiones eran conocidas. Si se detectan nuevos problemas, ¿habrá que esperar otros cuatro años para introducir cambios en estas normas?

No se descarta, por ejemplo, la posibilidad de que la metodología de negociación incorpore modificaciones para adecuarse a dinámicas que suelen ser diferentes entre sectores económicos de complejidad técnica, empresarial y financiera muy variable. Las exigencias no pueden ser similares para todos.

Las inversiones extranjeras adquieren, incluso, rango estratégico en varios sectores, pero por motivos diferentes. Mientras en el turismo es una manera de acceder a mercados emisores de visitantes que resultan esenciales, para la minería, la prospección geológica y la industria petrolera, la asociación con firmas foráneas es la única vía para disponer de la tecnología necesaria en la búsqueda y explotación de yacimientos, y el camino, además, para entrar a mercados externos.

Lo confirman experiencias como la industria cubana del níquel, que consiguió extender las alas desde los años 90 en alianza con la compañía canadiense Sherritt International, con participación también en la producción de gas en Cuba. La extracción de petróleo ascendió de manera sensible en aquellos años mediante contratos de exploración a riesgo con compañías especializadas de varios países.

Este año la empresa Geominera emprendió un camino similar al firmar un acuerdo con la canadiense Millbrook Minerals Inc. a fin de buscar yacimientos de cobre, zinc y minerales preciosos en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Ciego de Ávila, que se suma al pacto con la transnacional europea Trafigura, para producir desde 2017 concentrado de plomo y zinc en la Empresa Mixta Minera del Caribe S. A. (Emincar), en Castellanos, Pinar del Río, después de invertir más de 270 millones de dólares.

Las inversiones extranjeras entrañan hasta riesgos de cariz político. Es cierto. Pero nunca son tan peligrosos como el que implica retardar o dar la espalda al desarrollo. El capital, la tecnología avanzada y los mercados que el país encontraría mediante esas alianzas constituyen ingredientes imprescindibles para cocinar la prosperidad y el desarrollo que se ha propuesto el socialismo cubano. (Tomado de Cubadebate)

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