Autor: Ledys Camacho Casado Publicado: 21/06/2021 | 09:38 pm
La elaboración del Presupuesto del Estado para el año 2017 demandó un dinámico proceso de consultas con las instituciones y organizaciones superiores de Dirección Empresarial, en correspondencia con las etapas y variantes evaluadas en el Plan de la Economía.
Directivos del Ministerio de Finanzas y Precios, ofrecieron pormenores sobre la ejecución presupuestaria prevista en 2017 y precisaron que la mayoría de los aportes se destinarán a respaldar la sostenibilidad y desarrollo de las conquistas alcanzadas en los servicios públicos, al financiamiento a productores nacionales que sustituyan importaciones, así como a la inversión en viviendas, obras de infraestructura y socioeconómicas.
Meisi Bolaños Weiss, viceministra de Finanzas y Precios señaló que el Presupuesto del Estado no es más que “el reflejo financiero de todos los servicios y prestaciones que se constituyen en conquistas de la Revolución y que repercuten favorablemente en la calidad de vida de la población”.
“Es un balance de ingresos y gastos a nivel de país, en el cual, con lo que se prevé recaudar y otras fuentes de financiamiento, se respaldan el sostenimiento de los servicios públicos y fundamentalmente los de la salud, la educación, la asistencia y seguridad social, la defensa y el orden interior, conquistas ganadas por la Revolución y que se preservan como pilares esenciales de nuestro sistema, para todos y por el bien de todos”, señaló.
“Se sufraga también -dijo-, parte importante del desarrollo económico del país, a partir de financiar producciones nacionales y servicios, así como las inversiones del sector presupuestado, de infraestructura e importancia estratégica”.
Para su conformación se tuvieron en cuenta las condiciones en que se desenvuelve la economía cubana en el presente año, “en el que persisten las tensiones financieras, marcadas en primer lugar por los efectos nocivos que genera el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.
“A pesar de las limitaciones financieras Cuba destinará alrededor de 64 000 millones de pesos para la sostenibilidad y desarrollo de las conquistas alcanzadas en los servicios sociales, al financiamiento a productores nacionales por la sustitución de importaciones y a la inversión en viviendas, obras de infraestructura y sociales; lo que demuestra el carácter humanista de nuestra sociedad”, recalcó.
En cuanto a los ingresos se exige la aplicación de nuevas medidas, entre estas la reducción del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo para disminuir gastos en el sector empresarial y presupuestado, según lo previsto en la Ley del Sistema Tributario.
También se decidió que los gobiernos locales dispongan del 50 % de los aportes por la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, en adición a su presupuesto para financiar proyectos fuera del plan y que los consejos de la Administración Provincial puedan captar hasta el 10 % de los ingresos obtenidos por este tributo, en los municipios que determinen, para equilibrar recursos en otros que reciben menores entradas por este concepto.
Las empresas estatales continuarán reteniendo hasta el 50 % de las utilidades después de impuestos, con el objetivo de disponer de fuentes financieras que respalden su desarrollo, la estimulación económica de sus trabajadores y otros destinos autorizados. (No está previsto aprobar porcientos mayores, dada la demanda de ingresos que presenta el Presupuesto para toda la sociedad).
Como se ha reiterado, aún existen reservas potenciales de ingresos a captar no identificadas plenamente, por lo que se precisa incrementar las acciones para su determinación, entre ellas las deudas tributarias del sector empresarial y los problemas financieros que este debe resolver para cumplir sus obligaciones con el fisco, así como la actualización permanente y diferenciada de la capacidad de aporte de las formas de gestión no estatales, que aseguren adecuadas cuotas mensuales, tal como establece la Ley.
“Todo ingreso importa, con independencia de su cuantía, y nos involucra a todos, desde nuestros puestos de trabajo, a propiciar análisis profundos de su cumplimiento. La salud de nuestro pueblo, su educación, su desarrollo cultural, deportivo, la atención a nuestros abuelos, la defensa de la Patria Socialista y el orden interior, por solo citar algunas razones, lo justifican con creces”, aseveró la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular efectuada en diciembre último.
En cuanto a los gastos totales, se proyecta y considera un incremento del 11 % con respecto al estimado de ejecución del presente ejercicio fiscal, motivado fundamentalmente por el crecimiento en producciones que sustituyen importaciones y en las inversiones, en correspondencia con el Plan de la Economía.
Entre las principales producciones sobresalen arroz, frijol, leche fresca de vaca, azúcar y carne de cerdo; para los que se utilizan 9 657 millones de pesos en el presupuesto de 2017. Estos gastos, más el financiamiento de 3 740 millones de pesos para cubrir la diferencia del precio minorista de los productos de la canasta de alimentos normados, agrupan el 60 % del total de gastos de la actividad no presupuestada.
También crecen un 26 % los gastos para inversiones con respecto a lo planificado en el pasado año, se financian las inversiones de las unidades presupuestadas, programa de vivienda, incluyendo las de preparación de obras y en cuanto a proyectos de infraestructura se prevén 437 millones en redes hidráulicas, 193 millones en viales y 99 millones la restauración de instalaciones del Centro Histórico de La Habana.
De los 64 000 millones de pesos que conforman el presupuesto para este año, 36 500 millones son destinados a los servicios sociales en entidades que clasifican como unidades presupuestadas, cuyos servicios se ofrecen de manera gratuita como educación, salud, comunales, así como actividades culturales y deportivas.
Es decir, que el mayor peso en el total de los gastos (57 %), lo representa el de las unidades presupuestadas, y se mantienen las prioridades de asignación de recursos para las actividades de salud, educación y asistencia social, garantizando los servicios planificados, incluyendo las nuevas capacidades por los procesos de reparación de instalaciones y ejecución de inversiones; en salas hospitalarias, unidades quirúrgicas, laboratorios clínicos, entre otros.
El crecimiento en un 26 % del gasto por sustitución de importaciones, genera un ahorro significativo de divisas al país y además respalda la producción nacional, lo que asegura empleo e ingresos paulatinamente estimulantes en los colectivos laborales, tanto del sector agropecuario como industrial.
El incremento de las inversiones, que asciende a un 49 %, asegura la continuidad o inicio de importantes obras de infraestructura hidráulica, viales, de saneamiento, ferroviarias, viviendas, entre otras, en correspondencia con los recursos que hoy el país puede destinar para su desarrollo.
Se garantizan los servicios sociales, fundamentalmente en salud, asistencia social y educación, que representan el 51 % de los gastos corrientes de la actividad presupuestada; y crecen los gastos por las prestaciones de la Seguridad Social debido al incremento de las pensiones por jubilación, lo cual se financia, en parte, con el aumento de la Contribución a la Seguridad Social (se mantiene la tendencia decreciente de la participación del Presupuesto del Estado en la financiación de este).
Se prevé mediante la asistencia social financiar los planes destinados a lograr una mayor vitalidad y mejoramiento de los servicios que se prestan en hogares de ancianos y casas de abuelos, en el contexto de las políticas aprobadas para enfrentar el envejecimiento poblacional.
De igual forma, a partir de la recaudación del Impuesto sobre las Ventas de materiales de la construcción, se continuarán otorgando los subsidios para emprender acciones constructivas en viviendas, requiriéndose que los consejos de las administraciones municipales agilicen la tramitación y aprobación de estos y así evitar la inmovilización de recursos monetarios.
Este año las demandas presupuestarias respaldarán la continuidad del financiamiento de los gastos derivados de la recuperación de los daños ocasionados por el huracán Matthew en los territorios afectados, lo cual demuestra que ante eventos de esta magnitud nadie quedará desamparado.
En cuanto a los gastos, existen reservas que pueden incidir en su reducción, como una adecuada gestión de los inventarios, lo cuales resultan hoy excesivos, así como el ahorro derivado de las compras para lo que se insta a lograr mejores negociaciones, precios más justos y racionales, a fuerza de mayor rigor en las contrataciones, y esto debe cumplirse tanto en el sector presupuestado como el empresarial.
El déficit que se proyecta en el entorno de los 11 500 millones de pesos y del 12 % del Producto Interno Bruto tiene un respaldo importante en el incremento de producciones e inversiones, además de asegurar niveles similares al año precedente en la esfera social.
Se ha previsto cubrirlo mediante emisión de Bonos Soberanos que adquiere el Sistema Bancario Nacional, junto a otros compromisos financieros a ejecutar en el año 2017, que no sobrepasan los 2 740 millones de pesos.
Este mecanismo se emplea desde hace cuatros años para el financiamiento de la deuda pública, evitando así la emisión monetaria sin respaldo.
“Se trata de los recursos financieros que razonablemente pueden ser captados, de acuerdo con las condiciones en que opera la economía, asegurando con ello la sostenibilidad financiera de las políticas aprobadas y el mantenimiento de los servicios sociales que constituyen preciados logros de la Revolución, el respaldo a procesos productivos, las inversiones y el cumplimiento de los compromisos internacionales”, aseguró la titular del ramo.
La empresa estatal, aporte mayoritario
Vladimir Regueiro Ale, director de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), al referirse a las fuentes de las que se nutre el Presupuesto del Estado, precisó que la proyección de los ingresos a captar está basada en los niveles de actividad aprobados en el Plan de la Economía para los diferentes sectores y en el fortalecimiento de la gestión y control de los aportes tributarios y no tributarios.
Explicó que las cifras previstas representan el compromiso que como mínimo deben ser ingresados al Presupuesto para garantizar el financiamiento de los programas sociales, por lo que en el proceso de ejecución los contribuyentes tanto del sector empresarial como de las formas de gestión no estatal, deben mantener un cumplimiento estricto de sus obligaciones fiscales.
Subrayó que a cinco años de la implementación de la Ley Tributaria se han aplicado 22 de los 25 tributos aprobados, y se ha recaudado mediante el cobro de impuestos, tasas y contribuciones, el 75 % de los ingresos totales al Presupuesto, una prueba de la consolidación de este sistema fiscal como principal fuente de financiación de los gastos sociales y de redistribución de la riqueza creada en la sociedad.
El incremento de los ingresos está determinado en lo fundamental por el comportamiento de los resultados empresariales, que se captan a partir del Impuesto sobre las Utilidades y del Aporte del Rendimiento de la Inversión Estatal. “Es este sector el que genera el 90 % de los ingresos presupuestarios, lo cual ratifica el papel que desempeña la empresa estatal en el modelo económico cubano”, puntualizó Regueiro.
Para continuar estimulando financieramente al sector empresarial cubano, se ratifica que las entidades estatales pueden disponer, una vez cumplidas sus obligaciones, de las ganancias que obtengan, para fomentar su desarrollo (no se aprobarán mayores porcentajes de retención, salvo las que sean aprobadas por el Gobierno Central, ya que estas constituyen fuentes de financiamiento de los gastos del Presupuesto del Estado).
En el presente año se mantiene el pago del Impuesto sobre Utilidades en CUP, para entidades estatales y bancos, con un tipo impositivo del 35 %; en tanto para el sector de la inversión extranjera y los usuarios y concesionarios de la Zona Especial de Desarrollo Mariel se aplican los tipos impositivos bonificados como mecanismos de incentivo al desarrollo de estos sectores estratégicos en nuestra economía.
Otra importante adecuación tributaria en 2017 lo constituye la reducción del tipo impositivo de un 10 a un 5 %, en el Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo, con el fin de disminuir gastos empresariales y del sector presupuestado. Tal adecuación será definitiva y también favorecerá a las formas de gestión no estatal, según indicó el funcionario.
Como parte de la implementación gradual de la Ley Tributaria se da continuidad a la aplicación de la Contribución Especial a la Seguridad Social y del Impuesto sobre los Ingresos Personales a los trabajadores vinculados al sistema empresarial cubano.
Se conoció además que desde abril se aplicará el Impuesto sobre los Ingresos Personales a trabajadores que laboren en el sector de la inversión extranjera que perciban ingresos mensuales, a partir de 2 500 CUP.
En cuanto a los aportes al Presupuesto del Estado que realizan las formas de gestión no estatal abarcan el trabajo por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, y el sector artístico-, mantienen su tendencia al crecimiento en alrededor de un 15%.
Estos representan el 11,5 % de los ingresos tributarios y en los presupuestos locales constituyen el 22 % en un balance general, un comportamiento apreciado sobre todo en los municipios cabeceras.
Se flexibiliza la utilización de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local al permitirse que con los recursos captados por este tributo puedan financiarse inversiones, lo que contribuye a incrementar las fuentes de ingresos de los territorios para su desarrollo (se mantiene que con los sobrecumplimientos obtenidos se ejecuten gastos no previstos en los presupuestos municipales).
Ello significa que los contribuyentes que la aportan: empresas, sociedades mercantiles y cooperativas están financiando actividades, servicios, planes, programas o proyectos de desarrollo en la comunidad donde están enclavados y, por lo tanto, favorecen el avance socioeconómico, que se revierte en mejora de las condiciones para su propio desempeño.
Es decir, en el presente año se ha decidido que un 50 % del total de los ingresos que obtengan los consejos de la Administración de las asambleas municipales del Poder Popular por concepto de Contribución Territorial pase a ser parte de su balance y se emplee para respaldar actividades previstas en el mismo.
El otro 50 % restante, como fuente adicional a las previstas, se dedicará a financiar proyectos de desarrollo integral y local en los municipios, actividades que no demanden recursos materiales adicionales, centralizados en otros balances de la economía y gastos corrientes y de capital, cuando exista incumplimiento de los ingresos cedidos y ante la inmovilización de dicho concepto.
Además, se elimina la exoneración de aportar la Contribución Territorial para el Desarrollo Local, a las entidades que están realizando procesos inversionistas, otorgada durante los dos primeros años de aplicación de este tributo, en aras de incrementar, a favor de los presupuestos locales, las fuentes de ingresos por este importante tributo.
