La administración tributaria en Cuba está inmersa en un proceso de modernización, con el propósito de garantizar niveles suficientes de recaudación para respaldar la sostenibilidad de crecientes inversiones sociales, señalan evaluaciones del Gobierno.

Según la titular del Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), Lina Pedraza, los cambios obedecen a un proyecto de mayor alcance y dimensión, encaminado a actualizar el modelo de desarrollo económico y social del país.

Un propósito clave de la política fiscal es amparar el aumento de la inversión social, expresada en el acceso universal y gratuito a la educación y la salud, distinguió la experta.

Actualmente el 21 % de la población económicamente activa posee preparación universitaria y el 52 % nivel medio superior, mientras que la esperanza de vida al nacer es de 78,5 años, ilustró.

Durante siete años consecutivos, la tasa de mortalidad infantil se ha mantenido por debajo de cinco por cada mil nacidos vivos, ello “ratifica a Cuba entre las 20 primeras naciones del mundo”, dijo Pedraza, al intervenir en un seminario internacional sobre administración tributaria, con expertos de Europa, América Latina y el Caribe.

Sostener el gasto que implica toda esa inversión social demanda del Estado y de su administración tributaria mayor capacidad para recaudar fondos, a partir del incremento del número de contribuyentes y el combate a la evasión fiscal, señaló.

Datos oficiales reflejan que el 71 % de los ingresos al presupuesto del Estado cubano en 2016 provendrá de las recaudaciones del fisco. Ese porcentaje denota también la aplicación gradual de nuevos gravámenes a los sectores con mayor remuneración económica, aseveró la viceministra del MFP, Meisi Bolaños.

En el 2012 los tributos representaron el 59 % de los recursos financieros del presupuesto del Estado, al año siguiente la proporción subió a 61 puntos porcentuales y en 2015 llegó al 67 %, precisó el director de ingresos del MFP, Vladimir Regueiro.

Al decir de Bolaños, esos aportes constituyen “la piedra angular del financiamiento básico del Estado, y necesitamos que los contribuyentes y los ciudadanos en general comprendan la trascendencia del tema”.

Entre los retos principales, incluimos el desarrollo de la cultura cívica en torno al pago de impuestos, pues durante décadas la carga impositiva en Cuba fue prácticamente nula, comentó.

Metas a corto y mediano plazos conciben igualmente la prestación de servicios más ágiles, confiables y diversos a los contribuyentes, refirió la funcionaria.

Asimismo valoró la aplicación gradual de “métodos no invasivos y novedosos de control fiscal” por parte de la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT).

Puesto en vigor el 1ro. de enero de 2013 para su implementación gradual, el actual sistema tributario en la Isla tiene amparo legal en una norma jurídica (Ley 113), aprobada por el Parlamento en 2012.

De acuerdo con Regueiro, el papel regulador del sistema alcanza una “relevancia significativa” por servir a los fines de actualizar el modelo de desarrollo nacional, que concibe la actuación de nuevos agentes económicos.

Desde el 2010 comenzó un proceso de expansión del trabajo por cuenta propia y hoy se reconocen nuevas figuras como las pequeñas y medianas empresas privadas, y un mayor nivel de asociación entre las personas para realizar actividades económicas, argumentó el también profesor del Centro de Estudios Contables y Financieros y de Seguro de Cuba.

El sistema tributario, contempla “incentivos para esos nuevos actores y medidas con el fin de desestimular las conductas lesivas”, afirmó.

Dentro del marco de la generalidad, comentó, el propósito es continuar avanzando en la aplicación de estímulos para promover “el desarrollo ordenado de las formas no estatales de gestión, las producciones en sectores claves de la economía, el desarrollo local y la protección del medio ambiente”.

Los gastos presupuestarios seguirán enmarcándose dentro de las posibilidades reales de recursos financieros que genere la economía interna, y “su utilización será de forma racional, a fin de garantizar los niveles de actividad planificados sin afectar la calidad y la sostenibilidad de la política fiscal”, corroboró.

A juicio de la jefa de la ONAT, Yamilé Pérez Díaz, otro aspecto destacable es la simplificación de las estructuras de los impuestos, unida a procedimientos más sencillos para el cobro, lo que tiene en cuenta las características de los diferentes tipos de contribuyentes.

A favor de la equidad, apuntó Regueiro, se afianzó la protección a las capas de más bajos ingresos, mediante “el reconocimiento por primera vez de la institución de los mínimos exentos; es decir, cuantías que están exoneradas del pago de impuestos a través de la declaración jurada anual sobre los ingresos personales”.

Otro cambio importante, coinciden los expertos, es la reducción de la carga fiscal al sector empresarial con el propósito de crear condiciones financieras más favorables para su funcionamiento y desarrollo.

Por ejemplo, el impuesto por la utilización de la fuerza de trabajo bajó desde el 20 % en el 2013 hasta el cinco para el próximo ejercicio fiscal en 2017, sustenta el MFP.

“Uno de los más novedosos tributos reconocidos por la Ley 113 es la contribución territorial para el desarrollo local, lo que da respuesta a un importante reclamo de los gobiernos municipales en aras de conseguir mayor capacidad fiscal”, evaluó Regueiro.

Esa contribución, según concibe la norma jurídica, debe ser pagada por todas las empresas y establecimientos, con independencia de su nivel de subordinación, al municipio donde está enclavada la entidad.

También la política fiscal respalda un tratamiento especial a los negocios con compañías foráneas: la Ley 118 de la inversión extranjera fija adecuaciones para las firmas mixtas y los inversionistas participantes en los contratos de asociación económica internacional.

Exenciones de pago de impuestos, reducciones de tipos impositivos y bonificaciones distinguen el tratamiento particular dado al sector. Ventajas que resultan más amplias para las empresas que deciden invertir en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el occidente del país, coinciden los analistas.

Colaboración europea

Autoridades gubernamentales distinguen aquí el apoyo de la Unión Europea (UE) de cara a perfeccionar la administración tributaria en el país, mediante un programa de intercambio de expertos hasta el 2020.

En opinión de Ana Guallarte, agregada de cooperación de la embajada de la UE, la primera fase del proyecto ha sido exitosa y la etapa venidera, del 2017 al 2020, contempla, además, el aporte de equipamiento a la ONAT. A causa del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos, Cuba se ha visto muy afectada en su propósito de informatizar la sociedad, y “sabemos que eso en algún momento va a entorpecer el desarrollo de la gestión tributaria”, dijo el director del Programa con la UE, el economista y doctor en ciencias Alfredo Jam.

Para la vicejefa primera de la ONAT, Yoandra Cruz, el apoyo de especialistas e instituciones de países europeos incluye temáticas claves como planificación y desarrollo local, políticas públicas y modelación económica, cadenas productivas energéticamente eficientes y desempeño empresarial.

Sobresalen igualmente los aprendizajes en materia de comercio exterior, inversión extranjera y colaboración económica internacional, manejo de estadísticas, censos de población y administración tributaria, reseñó.

Hasta el momento, los resultados son ''impresionantes con un efecto multiplicador muy importante'', considera el embajador en Cuba de la UE, Herman Portocarrero.

Cualquier Estado necesita ingresos para cumplir su papel esencial de asegurar servicios a los ciudadanos, y “en el caso de Cuba se trata de un desafío mayor por sus tantos logros en el campo social y una estructura demográfica similar a la de países desarrollados”, manifestó el diplomático.

Durante décadas los servicios sociales han funcionado aquí por medio de subvenciones del Estado y donaciones, pero “es necesario generar y redistribuir recursos provenientes de todos los actores económicos, como la única vía sostenible a largo plazo”, comentó.

Lo anterior supone dos elementos esenciales: que el sistema tributario esté operativo en el país entero y la comprensión por parte de los cubanos sobre la necesidad de pagar impuestos, añadió.

Significa para ellos “la mejor garantía de que habrá escuela para sus hijos, hospital y hogar de ancianos para sus abuelos, puentes y carreteras en buen estado y que el sector público asegure el suministro de electricidad y agua para todos”, sustentó.

La presión fiscal, opinó, tiene el reto de incentivar la economía y al mismo tiempo ser asumible a partir del nivel de los ingresos del trabajador por cuenta propia, el agricultor, la cooperativa, el funcionario y la pequeña empresa familiar.

No pretendemos que la UE tenga las soluciones ideales para todos esos desafíos en Cuba, “pero podemos trabajar juntos para seguir definiendo un modelo económico y social con protección adecuada y un sector público sostenible”, resumió.

Alianzas provechosas

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), una Organización No Gubernamental con estatus consultivo en Naciones Unidas, creó a mediados de septiembre una sociedad científica sobre presupuesto público.

Según informaron los vicepresidentes de la ANEC Francisco Borrás y Ramón Labañino, la nueva estructura pretende aunar esfuerzos profesionales con el propósito de contribuir al mejor desempeño de la actividad fiscal.

Uno de los objetivos específicos de la Sociedad Cubana de Presupuesto Público será apoyar el trabajo de la ONAT, anunció Borrás.

Sumando la reciente iniciativa, la ANEC dispone de 16 agrupaciones científicas dedicadas al fomento de investigaciones y la socialización de conocimientos en las distintas esferas inherentes al mundo de la economía, la contabilidad y las finanzas.

La nueva entidad asumirá la responsabilidad de representar a Cuba ante la Asociación Internacional de Presupuesto Público, cuya secretaría radica actualmente en Argentina, confirmaron los directivos de la ANEC, compuesta por 81 000 afiliados.

Se trata de estrechar alianzas en función de intereses comunes con el  fin de perfeccionar un proyecto de desarrollo socialista inclusivo y próspero, expusieron los economistas.

* María Julia Mayoral, Periodista de la Redacción de Economía de Prensa Latina.