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28 de Marzo  2024 

Aprueban nueva Ley de Inversión Extranjera

La normativa entrará en vigor dentro de los 90 días tras su publicación en la Gaceta Oficial


Sábado 29 de Marzo de 2014 | 12:00:00 AM 

Autores

Ledys Camacho Casado
Eileen Sosin Martínez

Con la presencia del Presidente Raúl Castro Ruz, el parlamento aprobó la nueva Ley de Inversión Extranjera, en sesión extraordinaria del máximo órgano legislativo del país, tras un proceso de análisis y discusión, que evidenció su carácter estratégico para dinamizar el desarrollo próspero y sostenible de la Isla.

El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, fundamentó la decisión de adoptar una nueva Ley acorde con  la actualización del modelo económico cubano, en la cual la inversión de capital extranjero seguirá siendo un complemento a nivel global, pero adquiere carácter esencial y tendrá una participación más activa en la recuperación de determinados sectores entre los que citó los grandes proyectos industriales.

Se refirió a cómo los procesos exitosos de desarrollo económico y social internacionalmente, suelen crecer alrededor de 7% anual del PIB y tienen asociadas tasas de acumulación que superan 20%, de acuerdo con la capacidad de inversión.

En el caso de la Mayor de las Antillas, el PIB se ha mantenido por debajo de 3 % en los últimos años, y el comportamiento de la tasa de acumulación no es suficiente aún, por lo que se requiere un nivel de financiamiento que contribuya a dar soluciones a problemas estructurales de la economía. Los cálculos para un modelo de desarrollo, más que de crecimiento, indican la necesidad de que el país pueda contar con alrededor de 2 000 y 2 500 millones de dólares anuales.

Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, subrayó las prioridades de esta nueva política, entre las que sobresalen los proyectos integrales que generen encadenamientos productivos, negocios que contribuyan al cambio en la matriz energética, el incremento de la exportación y la disminución de importaciones, sobre todo de alimentos.

Señaló el titular los obstáculos a que se enfrenta la aplicación de este cuerpo legal, en primer lugar el bloqueo estadounidense contra la Isla, el endeudamiento externo y las restricciones provocadas por la escasez de divisas.

El dictamen del proyecto de Ley, presentado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, y la de Asuntos Económicos, consideró oportuno destacar la inclusión en el documento de la responsabilidad de los Organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales patrocinadoras de la inversión extranjera, con respecto a mantener actualizada la cartera de proyectos, esencial para facilitar los futuros negocios.

Fundamentos básicos de la Ley

El acceso a financiamiento externo, tecnologías y nuevos mercados, la creación de empleo, la sustitución de importaciones y el aumento de las exportaciones, constituyen algunos de los fundamentos básicos  de la nueva Ley de Inversión Extranjera, según dio a conocer a la prensa Déborah Rivas, directora general de Inversiones del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex).

La política que sirvió de sustento para redactarla contiene 34 principios generales, aplicables a cualquier negocio con capital foráneo, y 11 de carácter sectorial. Se mantiene la posibilidad, que ofrece también la vigente Ley 77, de invertir en todas las áreas, excepto aquellas que resultan vedadas por la Constitución, a saber, salud, educación y las fuerzas armadas, salvo en su sistema empresarial.

"Hemos tratado de desarrollar políticas para atraer la inversión extranjera en sectores productivos que al país le interesa promover", destacó Rivas, y apuntó que el sustrato de esta actualización radica en "la importancia de elevar las tasas de crecimiento anual de nuestra economía, para lograr un desarrollo próspero y sostenible en un plazo más corto". Se trata entonces de "buscar flujos externos que hoy el país no tiene la capacidad de generar por sí mismo".

Entre las ganancias potenciales de atemperar esta legislación pueden mencionarse insertar productos y servicios cubanos en cadenas internacionales de valor, diversificar el comercio exterior, captar métodos gerenciales y promover la gestión eficiente. Todo ello bajo la guía del respeto a la ley, la soberanía y el beneficio mutuos, y atendiendo a la preservación del medio ambiente, el patrimonio y los recursos naturales y humanos de la Isla.

La Directiva señaló que la política de esta Ley está centrada en los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido, específicamente el capítulo acerca del sector externo (del apartado 96 al 106), además de otros 40 puntos que, de alguna forma, se refieren a la inversión extranjera.

Se sostiene la idea de entender estos negocios como complemento al desarrollo del país, si bien resulta novedoso considerar las operaciones de origen externo como el factor activo principal en determinadas esferas.

Proyecciones

"Otro elemento importante es tener una cartera de negocios amplia, diversa, con muchos países, con muchos inversionistas", subrayó la Directora general de inversiones, y explicó que esta fue una de las indicaciones emanadas del diagnóstico realizado con anterioridad, acerca de la situación de la inversión extranjera en Cuba.

Esa carpeta deberá revisarse periódicamente, y a su elaboración tributan las organizaciones de la administración central del Estado, de acuerdo con sus actividades en cuestión. "Tenemos que lograr propuestas que realmente hagan atractivo al inversionista extranjero poner su fondo aquí, y convencerlo, además, de las garantías y bondades de hacer un proyecto en nuestro país".

Como ejemplo de estas ventajas, la Directiva del Mincex anotó el alto nivel educacional, los avances en informática y biotecnología, y apostar por el progreso tecnológico y la innovación, así como la actualización del modelo económico.

Las modalidades de inversión continúan siendo las empresas mixtas, los contratos de asociación económica internacional, y las entidades de capital totalmente extranjero. Rivas comentó que para determinadas iniciativas resulta de interés un mayor porcentaje de la participación exterior.

"Siempre hablábamos de hacer negocios donde fuera mayoritaria la participación cubana. No nos negamos a eso, pero si hay una empresa que quiere hacer un proyecto industrial importante, y todos los riesgos y el financiamiento van por ese inversionista, pues no tenemos nada en contra de que sea 100 % de capital extranjero".

Ello no ocurrirá, en cambio, cuando se trate de recursos naturales, prestación de servicios públicos, desarrollo de la biotecnología, gestionar el comercio a nivel mayorista en el país, o proyectos turísticos, entre otros casos. 

De igual modo ocupa un sitio primordial el cambio de la matriz energética de la Isla, mediante el impulso a la generación a partir de fuentes renovables. Dado lo costoso de la instalación y puesta en marcha de bioeléctricas, parques eólicos y fotovoltaicos, las nuevas inversiones deben encaminarse también por esa vía.

Como otra novedad, la Directiva citó la posibilidad de que las organizaciones económicas de propiedad no estatal con personalidad jurídica, es decir, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, se unan con capital foráneo. "Veremos cómo se implementa eso, hay que buscar la forma mejor para que se logre esa asociación".

Junto a las energías renovables, hay directrices específicas para los sectores agrícola y forestal, la industria alimentaria, farmacéutica y biotecnología, la industria azucarera, el comercio mayorista, turismo, transporte, energía y minas, las industrias en general, construcción y salud.

Referido a la esfera biotecnológica y farmacéutica, el objetivo es que el partner extranjero pueda contribuir a impulsar las patentes y los proyectos ya creados. "Tenemos un grupo de avances grandes en el sector biotecnológico, y a veces por falta de capital no llegamos a comercializar ese producto -explicó Rivas. También podemos asociarnos al capital extranjero para desarrollar nuevas tecnologías en este sector, y trabajar de conjunto, con la debida preservación de la propiedad intelectual y los intereses cubanos, algo que queda bien recogido en esta legislación".

Respecto a la salud, las futuras inversiones no estarán destinadas a la atención a la población, sino a la exportación de servicios médicos, actualmente el renglón que más aporta a la balanza de pagos cubana. Además de la modalidad más practicada hoy día, mediante los colaboradores, habría que replantear opciones como el turismo de salud, o aquellas surgidas partir de vínculos con agencias de seguro médico.

Entretanto, la inversión extranjera en el comercio mayorista evitaría tener que hacer grandes importaciones. "Si el mercado mayorista cubano es capaz de satisfacer industrias con lo que tiene allí, tanto productos nacionales como importados, pero organizadamente, de manera eficiente, con una cadena logística adecuada, entonces tenemos que buscar esa potencialidad en el sector".

Rivas aseveró que estos renglones no estaban cerrados en la Ley 77, pero ahora se crean estas estrategias, más definidas y precisas en cuanto a qué se quiere en cada uno de esos.  Anunció que el cronograma de implantación de la nueva política incluye aprobar, durante los primeros días de abril, una estrategia de promoción de la inversión extranjera, en cuya elaboración participaron la Cámara de Comercio y el Centro de Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (CEPEC).

Políticas generales

Los proyectos deben buscar completar cadenas productivas, tanto hacia adelante (comercialización, distribución), como hacia atrás (suministros, fabricación), de modo que sean integrales y conecten al resto de la economía nacional. "Esa es otra de las políticas que nos hemos trazado con la actualización de esta nueva ley", sostuvo la Directiva.

Tal como consigna la Ley 77, se busca orientar las iniciativas hacia la exportación, en pos de obtener moneda libremente convertible que contribuya al crecimiento; y también es prioritaria la sustitución de importaciones, sobre todo de alimentos. Asimismo, ocupan un puesto destacado la transferencia tecnológica y modernización industrial. Tecnología aquí se entiende no solamente como equipamiento y maquinarias, sino además en el sentido de know how, la forma de hacer negocios y comercio.

En materia laboral seguirá funcionando una entidad empleadora, sin fines lucrativos, encargada de conectar y gestionar oferta y demanda de personal calificado para la inversión extranjera. Rivas se refirió a la pertinencia de esta variante frente a la libre contratación, debido a que al país le interesa mover sus flujos de profesionales preparados. No obstante, esta legislación también prevé posibilidades de negociación al respecto, y en determinados casos que la entidad en cuestión pueda seleccionar directamente a sus trabajadores.

Se ha determinado que la retribución salarial sea mayor a la mínima. "Esta política establece que el salario realmente esté en virtud de lo que el trabajador aporte, de lo que esa empresa genere. Por tanto estará estimulado por el ingreso que va a percibir, y no hay que buscar fórmulas adicionales para tener al trabajador incentivado con el desarrollo de su trabajo".

Para ello se tiene en cuenta el sueldo de la región geográfica, la escala salarial cubana, y un coeficiente, tratando con este que la retribución al trabajador sea lo más cercana posible al pago efectuado por la organización. "Todo eso conformará el modo en que la empresa negocie con la empleadora el pago de la fuerza de trabajo".

La Directora general de Inversiones del Mincex dio a conocer que se excluye el otorgamiento de derechos de exclusividad sobre el mercado cubano. "Los empresarios y las entidades que se creen, tienen que poseer la capacidad de competir en iguales condiciones, en la oportunidad y con la eficiencia requerida". Tampoco se transferirán en propiedad bienes estatales, según consta en la Constitución de la República.

Rivas afirmó que el déficit de capacidad constructiva en el país no debe frenar la puesta en marcha de estos proyectos. "Habrá que buscar otras formas, alternativas para que la inversión se cumpla en el cronograma que tiene previsto en su estudio de factibilidad".

Proceso jurídico

La política para actualizar la inversión extranjera fue elaborada por un grupo de trabajo que se constituyó por 22 organismos y entidades nacionales, entre estos representantes del Ministerio de Justicia, profesores y especialistas de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana y el Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, quienes, a juicio de la Directiva, aportaron un fuerte sustento técnico.

"Se hizo un estudio detallado de los antecedentes de la inversión extranjera, de la ley vigente, por supuesto, y el marco regulatorio nacional en general. Se realizaron análisis comparados con la legislación internacional, las experiencias del país en casi 20 años de aplicación de la Ley 77, y además un diagnóstico de la situación de la inversión extranjera. Fue un trabajo colectivo y amplio".

El siguiente paso fue redactar el Anteproyecto de Ley, regulación que, al aprobarse, incluye un grupo de normas complementarias, particularmente un Reglamento que por primera vez tendrá la normativa de inversión extranjera. Este pasará luego a ser Decreto, y permitirá a los inversores informarse acerca de todos los procedimientos, trámites, estudios, que deben efectuar con el fin de llevar a buen término la aprobación de su proyecto.

José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, acotó que la actualización del marco jurídico de la inversión extranjera es una práctica internacional, teniendo en cuenta los vaivenes de las circunstancias globales, lo cual impone a cada país reorientar su política económica, en pos de garantizar un adecuado desarrollo.

El Diputado explicó que una vez recibido este Anteproyecto de Ley en la Asamblea, su Presidente  indicó dos comisiones para trabajar en el proceso de redacción y conformación de la ley: la Comisión de Asuntos Económicos y la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos. "A partir de ahí nosotros revisamos la ley, y consideramos que desde el punto de vista de la constitucionalidad no tenía inconvenientes".

Fueron designadas dos especialistas en derecho económico y comercial para asesorar estas labores, y se realizó un  trabajo de mesa donde quedaron revisados un grupo de señalamientos, conciliados posteriormente con la comisión  presidida por Déborah Rivas por el Mincex.

Acto seguido se distribuyó el documento para ser estudiado por los diputados, análisis que dio pie a discusiones por todo el país, donde participaron 565 del total de 612 representantes parlamentarios.

"En estas reuniones tomaron parte representantes del Mincex en los distintos territorios, invitados de la Contraloría General de la República, delegados provinciales, miembros de los gobiernos locales, todos los que, de una forma u otra, pudieron contribuir a la mejor redacción de la ley", precisó Toledo.

El siguiente momento fue proponer la aprobación de la norma al Presidente, e  incluirla en la agenda del Período extraordinario de sesiones, efectuada el sábado último. Entonces la letra dejó de ser anteproyecto para convertirse en Ley.  

"En general pensamos que esta actualización de la ley complementa todos los esfuerzos que está haciendo el país para actualizar su modelo económico y para lograr un crecimiento, de manera conjunta con el resto de las políticas que se están desarrollando en otras áreas", opinó Rivas.

Antecedentes

Junto a la Ley no. 77  De la inversión extranjera, del 5 de septiembre de 1995, otros precedentes en este sentido son el Decreto-Ley no. 165 De las Zonas Francas y Parques Industriales, del 3 de junio de 1996; así como los acuerdos 5 279, del 18 de octubre de 2004;  6 365, del 9 de junio de 2008; y 5 290, del 11 de noviembre de 2004, adoptados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. La actual normativa comenzará a regir dentro de los 90 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial.

España, Italia, China, Francia, Bélgica, Canadá y Venezuela constituyen algunos de los países con inversiones en la Isla. Datos de meses recientes informan que aquí operan 190 negocios entre partes cubanas y socios extranjeros.

La ley vigente y la nueva regulan que las inversiones foráneas no pueden ser expropiadas, salvo por motivos de utilidad pública o interés social, declarados por el Gobierno, previa indemnización en moneda libremente convertible por su valor comercial establecido de mutuo acuerdo.

El tiempo de vida de los emprendimientos mixtos o de capital totalmente extranjero no está prefijado de manera absoluta, sino que se establece por entendimiento recíproco entre las partes, y puede ser prorrogado por la propia autoridad que lo otorgó, siempre que se solicite esa extensión temporal antes del término fijado.

Asimismo, el Estado garantiza al inversionista extranjero la transferencia al exterior, en moneda libremente convertible, sin pago de impuesto o ninguna otra exacción relacionada con ese movimiento, de las utilidades netas o dividendos que obtenga por la explotación su empresa.

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