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Semanario Económico y Financiero de Cuba

Razones para tributar

Directivos y funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios, dieron a conocer todas las particularidades concernientes a la nueva Ley 113 del Sistema Tributario

Un buen fundamento para progresar en la actualización del modelo socioeconómico cubano lo ofrece la nueva Ley 113 del Sistema Tributario, aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio pasado y, recién publicada, junto a su Reglamento, el Decreto No. 308, en la Gaceta Oficial Ordinaria No. 53 del 21 de noviembre de 2012, de la República de Cuba.

Directivos y funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios y miembros de la Comisión Permanente para la Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución, dieron a conocer todas las particularidades concernientes a este documento, derivado de un minucioso proceso de estudio e investigación sobre la estructura tributaria de disímiles naciones, y tomando como marco referencial las circunstancias históricas y actuales en la Mayor de las Antillas.

Ello permite clasificar al nuevo texto legal como bien moderno y armonizado con las tendencias que priman hoy en el orbe en esta materia, a partir de la necesidad imperiosa de una política fiscal que contribuya al incremento sostenido de la eficiencia económica del país y de ingresos al Presupuesto del Estado, para respaldar gastos públicos y propiciar un equilibrio financiero adecuado al perfeccionamiento del modelo socioeconómico.

Juana Liliam Delgado Portela, jefa del Grupo de Políticas Macroeconómicas de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, precisó que la política tributaria conlleva la aplicación de una cifra considerable de estas pautas y se aplicará de forma paulatina cuando entre en vigor a partir de enero de 2013.

La especialista señaló que la Ley Tributaria, como parte de la política fiscal, es primordial para el reordenamiento económico y servirá de incentivo al desempeño y avance de las esferas, ramas y actividades impulsoras del desarrollo del país.

En su conjunto, la novedosa herramienta jurídica incluye 19 impuestos, tres contribuciones y tres tasas y desarrolla en su contenido casi una veintena de los Lineamientos.

Asimismo, indicó que se adoptarán una serie de normas tributarias referidas a la explotación del medioambiente, las cuales contribuirán a su protección, además de reconocer las facilidades atribuidas al sector agrícola en pos de apoyar su misión de producir alimentos.

La urgencia de desarrollar una cultura tributaria tanto en las personas naturales como jurídicas, responde a la necesidad de la actualización económica del país, a partir de concientizar lo mismo la gestión de las instituciones, las empresas y el Estado, que la mentalidad de los ciudadanos.

Con la aprobación de este nuevo instrumento jurídico se derogan la Ley 73 de 1994, el Decreto-Ley 169 de 1997 y otras 200 regulaciones más, emitidas por el Ministerio de Finanzas y Precios para normar la actividad tributaria en la Mayor de las Antillas.

Fomentar la responsabilidad individual

La política tributaria y de ingresos al Presupuesto del Estado cuenta entre sus principios garantizar los niveles suficientes de ingresos que respalden las decisiones de gasto social del país, manteniendo el déficit fiscal en rangos sostenibles para la economía.

Esta nueva Ley busca fomentar la cultura y la responsabilidad de cada quien, así como de las entidades en el cumplimiento de las obligaciones de este tipo, garantía además de la redistribución de la riqueza desde los sectores con mayor capacidad económica, protegiendo a las personas de menores ingresos.

Meisi Bolaños Weiss, viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios, se refirió al carácter activo y flexible de las normativas, pues permiten variar las bases imponibles, tipos impositivos, formas y plazos de pago, según las particularidades de un sector o territorio y, subrayó, las medidas tributarias serán aplicadas de manera gradual, en consonancia con las transformaciones que se operen en el país.

Por el momento no se exigirá el pago del impuesto sobre los salarios, hasta tanto las condiciones económico-financieras permitan su aplicación, y se mantiene la exención en el pago de este tributo por las remesas de ayuda familiar que se reciben del exterior.

Con respecto a los enunciados en la Ley 73, en esta ocasión se incorporan siete tributos y, en total, los impuestos contenidos en la actual abarcan los ingresos personales, utilidades, las ventas, los especiales a productos y servicios, sobre los servicios, la propiedad de viviendas y solares yermos, propiedad o posesión de tierras agrícolas, por la ociosidad de tierras agrícolas y forestales, sobre el transporte terrestre, la propiedad o posesión de embarcaciones, transmisión de bienes y herencias, documentos, utilización de fuerza de trabajo, uso o explotación de las playas, vertimiento aprobado de residuales en cuencas hidrográficas, así como uso y explotación de bahías.

Se suma la implementación del impuesto aduanero, por la utilización y explotación de los recursos forestales y la fauna silvestre, así como el derecho de uso de las aguas terrestres; más las contribuciones a la seguridad social, especial a la seguridad social, y la territorial para el desarrollo local; las tasas por peaje, servicios de aeropuertos y la radicación de anuncios y propaganda comercial.

En el impuesto sobre las utilidades se establece un régimen de tributación especial para las cooperativas de cualquier tipo, incluyendo las no agropecuarias, siendo menos gravosa la carga tributaria en relación con el trabajo por cuenta propia.

Se establecen normas específicas para la determinación del valor de viviendas y vehículos como base imponible de este impuesto, en los actos de compraventa, permuta y donación de estos bienes.

Otro propósito es el de incentivar la implicación de los gobiernos locales en la búsqueda de ingresos para sus presupuestos.

Con un enfoque más integral y flexible, en su papel regulador de las finanzas y la economía, el texto propiciará el mejor desenvolvimiento de las diferentes ramas y actividades promotoras del desarrollo de la nación caribeña. Sin desdeñar el principio de generalidad en su aplicación, se incluyen regímenes especiales y beneficios fiscales que responden a razones de índole económica, en lo que se destaca uno relativo al sector agropecuario para el que se establece una carga tributaria menor a la del resto de las esferas, para crear condiciones financieras más favorables a su desempeño. Los principales beneficiarios de éste son los productores individuales y las entidades dedicadas a sacarle frutos al campo cubano.

Entre las novedades se encuentra la exoneración por dos años a los poseedores de tierras agrícolas estatales en usufructo -a partir de la fecha de entrega de las tierras-, de la liquidación del impuesto sobre ingresos personales, sobre la propiedad o posesión de tierras agrícolas y por la utilización de la fuerza de trabajo (a quienes en la superficie asignada debieran eliminar plantas como el marabú u otras indeseables, el tiempo de exención se extiende a cuatro años).

Se informó que poco a poco se irá transformando la carga impositiva indirecta sobre la circulación de bienes y servicios a un impuesto directo sobre las ventas, lo cual se irá implementando gradualmente según las condiciones lo permitan, pero - aclaró la Vicetitular de Finanzas y Precios-, no debe en ningún caso implicar un incremento en los precios minoristas, y sí gravar directamente las ventas para lograr  que la recaudación tributaria se instale definitivamente en la gestión comercial.

Bolaños insistió en que los impuestos directos darán un mayor acomodo a la economía fiscal, pero se irán implementando de manera progresiva para asegurar la estabilidad económica de la nación y sus ciudadanos.

Aunque las novedades tributarias no serán por sí solas una solución a las disímiles coyunturas económicas que hoy se viven, sí forman parte de otras políticas macroeconómicas, crediticias, monetarias y de precios que se pondrán en práctica en función de que la población logre un adecuado nivel de compra según los ingresos que perciba por su trabajo.

Las perspectivas son que cada vez más una buena parte de los ingresos del Estado cubano se generen sobre la base de los impuestos, tasas y contribuciones  a partir de los ingresos reales obtenidos por la producción, los servicios y la comercialización de estos, ya sea de entidades estatales, no estatales y trabajadores por cuenta propia.

La redistribución de las cargas fiscales deberá en el futuro acompañar los proyectos de desarrollo local, ya que parte de lo recaudado se revertirá en los propios territorios, ya sea a nivel municipal o provincial, pues todas las entidades, independientemente de su nivel, deberán tributar a estos.

Eso implica que también los gobiernos locales se involucrarán directamente y deberán interesarse por estimular tanto la producción de bienes y servicios, como la recaudación de cargas fiscales proveniente de ello.

Si bien la nueva Ley resulta una herramienta que abarca todos los sectores de la sociedad, su estructura permite variar las bases imponibles, tipos impositivos, formas y plazos de pago, de acuerdo con las circunstancias de la economía o particularidades de un sector o territorio.

La adecuación de los tributos se incluirá, según se vaya requiriendo, en la Ley anual del Presupuesto del Estado que, año tras año, se discute y aprueba en el Parlamento cubano.

La ONAT, guardiana tributaria

La Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) es quien garantiza la gestión de la recaudación, la cobranza y fiscalización de los tributos establecidos por la Ley Tributaria.

Esperanza Recio Socarrás, vicejefa primera de esa institución, señaló que para ello cuentan con una oficina central, 15 en las diferentes provincias y 168 en los municipios, con una plantilla de miles de trabajadores, quienes se capacitan sistemáticamente para  perfeccionar  su quehacer, dirigido al control fiscal, esencialmente, y en pos de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía.

Se establecen y perfeccionan los mecanismos de comunicación e información que le permita al contribuyente, y a la población en general, elevar su cultura tributaria, en lo cual intervienen favorablemente los medios de difusión, las instituciones educacionales, la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), y la de Juristas, entre otras.

Se adoptan disposiciones para evitar la evasión fiscal y combatir la impunidad, en consonancia con el Lineamiento 65 y se estrechan los vínculos con los órganos de control, la Fiscalía, la PNR y los tribunales, para enfrentar la evasión fiscal, delito concebido en el Código Penal.